El 18 de abril de 2026, en el juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la ‘Operación Kitchen’, han surgido importantes revelaciones relacionadas con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esta semana, los apodos «El Asturiano» y «El Barbas», con los que se hacía referencia a Rajoy, así como las vigilancias policiales a Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y el papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo, han sido protagonistas de las declaraciones de testigos como el investigador del caso y el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó.
La segunda semana del juicio se ha centrado en el supuesto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, cuyo objetivo era sustraer información a Bárcenas. En la primera semana, se habían abordado cuestiones previas que habían sentado las bases para las declaraciones que se produjeron posteriormente.
Durante una declaración extensa de 12 horas, realizada en dos días, el inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional detalló la supuesta implicación del Ministerio del Interior en el «control exhaustivo» de Luis Bárcenas mientras se encontraba en prisión. Según indicó, este trabajo carecía de reflejo en la base de datos diseñada para registrar investigaciones, lo que significaba que no se volcó en el sistema y no estaba disponible en las bases de inteligencia policial.
Además, el inspector confirmó que Villarejo, uno de los acusados junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informaba sobre las novedades de ‘Kitchen’ principalmente a Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y a Francisco Martínez, exsecretario de Estado, ambos también acusados. Rápidamente, se destacó que los apodos eran una parte fundamental de las declaraciones: «El Asturiano» se refería a Rajoy, «Número uno» a Fernández Díaz, y «Número dos», «Chisco» o «Choco» a Martínez, este último apodo en alusión a «Paquito el Chocolatero».
Las anotaciones y los audios incautados a Villarejo resultaron ser determinantes en la instrucción policial, revelando detalles clave sobre la supuesta trama. Estos documentos también mostraron el conocimiento que tenía Villarejo sobre la situación de Bárcenas en prisión, incluyendo el encargo para destruir unos audios entre el extesorero y el expresidente Rajoy.
Declaraciones de Ignacio Cosidó
Una de las intervenciones clave de la semana fue la de Ignacio Cosidó, quien como testigo afirmó no tener conocimiento del operativo parapolicial relacionado con Bárcenas, limitando su información a una «investigación» de la trama Gürtel. «Recuerdo perfectamente la investigación ‘Gürtel’, pero como cocinero o ‘Kitchen’ no tengo constancia de haberlo oído», precisó. Cosidó insistió en que las investigaciones policiales se llevaban a cabo bajo órdenes de fiscales y jueces, asegurando que su conocimiento se restringía a la existencia de la operación.
A lo largo de la semana, varios agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional confirmaron que en 2013 se habían realizado seguimientos a la mujer de Bárcenas en su domicilio de Madrid. En este contexto, el comisario Mariano Hervás admitió haber dirigido un operativo de vigilancia a Rosalía Iglesias, seguido de su jefe, el comisario Enrique García Castaño, bajo orden directa del DAO, para «encontrar el dinero» ilícito de Bárcenas.
Dos agentes más de la UCAO corroboraron que llevaron a cabo la extracción de datos de un móvil y una tableta de Luis Bárcenas en una cafetería Vips del centro de Madrid, a solicitud de García Castaño, señalando que fue Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, quien les facilitó los dispositivos.
Requerimientos de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de prisión de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro Fernández Díaz, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Además, la Fiscalía también demanda 15 años para su ex ‘número dos’, Francisco Martínez, para Eugenio Pino, y para Andrés Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En el caso de José Manuel Villarejo, se interesa una condena de 19 años de prisión, mientras que para Sergio Ríos se pide una pena de 12 años y cinco meses y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía. Igualmente, se solicita una pena de dos años y medio de prisión para Martín Blas, el jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría llevado a cabo el presunto espionaje.
También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez y el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía ha solicitado el archivo para los tres por no apreciar suficientes indicios en su contra.