La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha manifestado su desacuerdo con la propuesta acordada entre Junts y el Gobierno de España, que exige a las empresas con más de 250 trabajadores ofrecer atención al cliente en catalán. Según CEIM, esta medida «atenta contra la libertad empresarial».
Junts anunció el pasado martes que ha llegado a un acuerdo con el Ejecutivo central para promover una reforma legal que obligue a los servicios de atención al cliente a brindar la opción de comunicarse en catalán a los consumidores que adquieran sus servicios en Cataluña, sin tener en cuenta si la sede de la empresa está dentro o fuera de esta comunidad autónoma.
Exigencias de los empresarios madrileños
«Los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones, que tanto dañan la competitividad empresarial. Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales. Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada; de lo contrario estaríamos hablando de una empresa pública», afirmó un comunicado de CEIM.
Desde la patronal madrileña han enfatizado que las empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen en su mayoría la opción de atención en catalán a sus clientes y proveedores, como parte de su estrategia de negocio, «sin necesidad de imposiciones».
Críticas a la falta de diálogo
Los empresarios han criticado también que la medida no haya sido consultada con las propias empresas afectadas directamente, censurando que «se toman decisiones en el ámbito político y se aplican al sector privado sin medir las consecuencias».
«Pese a que la medida puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista (Junts), sorprende que el Gobierno, que debería velar por el interés general, acepte intervenir en la libertad de empresa e imponga esta medida a empresas radicadas fuera de Cataluña. Obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder», enfatizaron los empresarios de Madrid.
Impacto económico y operativo
En un contexto caracterizado por «un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas», han advertido que esta obligación significaría que las empresas de sectores básicos de interés general «tuviesen que implementar un servicio de atención al cliente en catalán con el sobrecoste que ello implicaría y la merma de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno».
«Lejos de velar por el interés general, el Ejecutivo está aceptando intervenir en la libertad de empresa solo por contentar a los nacionalistas y seguir en el poder. Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas», concluyeron.