Santiago de Compostela, 21 de abril de 2026
Un año después del acuerdo histórico firmado entre la Xunta y el Gobierno central para la cesión de funciones, medios y servicios relacionados con la ordenación del litoral, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángelas Vázquez, destacó esta mañana en el Parlamento los importantes avances logrados en materia de sostenibilidad, eficiencia y transparencia en la gestión de la franja costera desde que Galicia pudo asumirla de forma directa y plena.
Durante su comparecencia a petición propia en el pleno para informar sobre los pasos dados en este ámbito, la responsable autonómica explicó que cuando el pasado 1 de julio se hizo efectivo el traspaso de funciones y servicios para la gestión costera, su departamento tuvo que ponerse a trabajar “contra reloj” para tramitar expedientes que urgía resolver, sin contar con la colaboración del Gobierno central y encontrándose con una realidad heterogénea en las tres provincias costeras que calificó de “auténtico reino de taifas”.
A pesar de los obstáculos, la conselleira hizo hincapié en las importantes mejoras introducidas en los últimos meses y con un impacto directo en las empresas y ciudadanos que tuvieron que realizar ante la Xunta algún tipo de trámite relacionado con la ocupación de la franja costera. En concreto, se refirió a los cambios en la gestión de las autorizaciones para los servicios de temporada (chiringuitos de playa, terrazas, casetas de salvamento o puestos de alquiler de canoas), que este año, por primera vez, podrán abrir de forma ininterrumpida desde Semana Santa hasta el 31 de octubre y cuya autorización tendrá la misma vigencia, también por primera vez, independientemente de la provincia en que se tramite.
Asimismo, con el fin de avanzar en la triple perspectiva con la que fue impulsada la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia —ambiental, social y económica—, Ángelas Vázquez recordó que este año se convocaron, por primera vez, ayudas a promotores de chiringuitos para adaptar la imagen de estas instalaciones al entorno, incidiendo en su sostenibilidad e integración, además de activar un plan de vigilancia para garantizar que las actividades de temporada cumplan y se ajusten a lo autorizado.
Trámites más simples y ágiles
En el ámbito administrativo, la conselleira también se refirió a las medidas impulsadas con el fin de agilizar y simplificar la tramitación de los expedientes relacionados con la costa, con un total de 1.200 títulos habilitantes resueltos en los últimos 10 meses. En este sentido, destacó la nueva solicitud única y digital para todos los procedimientos del litoral, lo que supuso pasar de cinco tipos de formularios a uno solo; la homogeneización de los importes de las tasas y de las garantías relativas a autorizaciones y concesiones en toda Galicia —cuando hasta ahora, dijo, había “tres provincias y tres criterios diferentes”—, o la puesta en marcha del portal web Galicia Litoral con información útil y unificada a disposición de la ciudadanía.
En esta línea, Ángelas Vázquez avanzó que se trabaja en el registro de autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), una herramienta que estará disponible este verano y con la que se busca garantizar más transparencia y seguridad jurídica a particulares, sectores y administraciones; y también en el decreto regulador del procedimiento integrado para los títulos de intervención en el litoral, una medida de simplificación ambiciosa que pretende evitar duplicidades y trámites ante distintos organismos con el mismo fin, que se prevé que esté aprobado en el segundo semestre.
En desarrollo de los nuevos instrumentos previstos en la Loxilga, anunció que la próxima semana se constituirá formalmente el Foro del Litoral, máximo órgano colegiado de consulta y participación para la ordenación de la costa y del que formarán parte 20 representantes de la sociedad civil, del ámbito académico y de las administraciones públicas.
De igual modo, Ángelas Vázquez quiso destacar dos medidas concretas y consideradas de carácter estratégico para el desarrollo sostenible de la costa en la propia ley.
Por un lado, se refirió al futuro Camino del Litoral, un itinerario de más de 1.300 kilómetros dividido en 53 etapas, que se podrá comenzar a recorrer desde este verano, tanto a pie como en bicicleta. Y por otro, al nuevo Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral, disponible en formato digital desde la semana pasada y en el que se identifican 2.003 elementos representativos de nuestro patrimonio costero, de los cuales más de la mitad serían susceptibles de destinarse a nuevos usos siempre y cuando el proyecto sea compatible y respetuoso con los valores que los hicieron merecedores de protección.
El objetivo de todas las medidas puestas en marcha o impulsadas en estos meses para mejorar la gestión integrada de la costa, según resaltó la conselleira, es hacer compatibles el cuidado medioambiental del patrimonio litoral con el impulso de la vida y de la actividad económica en el dominio público marítimo-terrestre. “Respetamos nuestro legado pero también apostamos por un litoral cada vez más vivo y hermoso”, declaró.
Como muestra y tras criticar aquellas voces que consideran que la presencia humana y el turismo sostenible son incompatibles con la protección de la costa, Ángelas Vázquez resaltó que en Galicia la porcentaje de ocupación de la superficie terrestre del DPMT es inferior al 2%, en concreto, 270 hectáreas de una superficie total de 15.071 hectáreas.
En este sentido, aseguró que la intención de su departamento es “proteger aún más el litoral” y con tal fin, en aplicación de la Loxilga, trabaja para ampliar la superficie de suelo público en dominio público mediante la compra de parcelas que se puedan destinar en un futuro a realizar actuaciones ambientales y de protección del patrimonio natural. “Queremos que nuestra costa se identifique aún más con la Galicia hermosa, con la Galicia con encanto y con la Galicia Calidade para la que gestionamos desde el rigor”, sentenció.
Reforma del Regulamento de Costas
Para finalizar y tras exponer con detalle los pasos dados por su departamento desde la asunción efectiva de las funciones, servicios y medios para la gestión del litoral, la conselleira denunció que a principios de este año la Xunta se encontró “con un nuevo obstáculo”: el inicio por parte del Gobierno central de un procedimiento para reformar el Regulamento de Costas.
La representante de la Xunta recordó que el Ejecutivo central inició los trámites sin informar previamente a las autonomías, dando poco plazo para presentar aportaciones a la consulta pública previa y sin convocar la preceptiva Conferencia Sectorial de Costas. Una situación de oscurantismo y de celeridad injustificada, dijo, que se volvió a repetir en el trámite de audiencia e información pública del anteproyecto de real decreto, publicado el 9 de marzo sin la preceptiva Memoria de análisis de impacto normativo (MAIN) y en el que inicialmente se otorgó un plazo de solo 18 días hábiles para alegar.
Tal y como subrayó, fue la presión ejercida desde la Xunta, con acciones como la carta que ella misma envió a la ministra advirtiendo de los múltiples defectos de forma existentes en el procedimiento o su viaje a Bruselas en marzo para pedir amparo a la Comisión Europea, lo que llevó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a rectificar, ampliando el plazo de alegaciones hasta el 15 de abril —frente al 1 de abril inicialmente previsto— y enviando la correspondiente MAIN a las comunidades.
En todo caso, la conselleira insistió en el rechazo de la Xunta a la reforma en los términos propuestos, una oposición que se plasmó la semana pasada en la presentación de sus alegaciones al anteproyecto de Real Decreto con los argumentos principales de que invade competencias exclusivas atribuidas a Galicia, vulnera derechos consolidados por los titulares de concesiones y genera un escenario de inseguridad jurídica que, además de no resolver el problema del expediente abierto por la Comisión Europea contra España, derivará en una avalancha de litigios y recursos por parte de los afectados que tendrá un grave impacto económico en las arcas autonómicas por las indemnizaciones.
Tras recordar que el Gobierno central sigue sin convocar la Conferencia Sectorial de Costas —algo obligatorio por ley cuando se pretende hacer una modificación legislativa—, la conselleira explicó que la Xunta exigió también en sus alegaciones la suspensión inmediata de la tramitación del reglamento y que se convoque cuanto antes a las comunidades para abrir un proceso de diálogo en una cuestión trascendental para ellas.
Por eso, anunció que el próximo 6 de mayo Galicia y el resto de regiones costeras afectadas acudirán al Senado para mostrar
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