Joan Ridao, autor de ‘El caso Sloane. Una lobby story’, de la editorial Tirant Lo Blanch – EUROPA PRESS
BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) – El jurista Joan Ridao considera que en España existe una gran anomalía por la carencia de una ley que regule la actividad de los lobbies. Aunque Catalunya fue pionera al incluirlo en la Ley de Transparencia de 2014 mediante la creación de un registro de grupos de interés, Ridao sostiene que debería existir un mecanismo para medir la «influencia» que estos ejercen en la toma de decisiones.
Así lo ha manifestado en una entrevista con motivo de la publicación de su libro ‘El caso Sloane. Una lobby story’ (Tirant Lo Blanch), en el que examina el sistema político estadounidense y el funcionamiento del lobbismo en Washington, así como las diferencias respecto a Europa y España.
Ridao, que fue letrado mayor del Parlament, así como diputado en la cámara catalana y en el Congreso, explica que ha habido diversas iniciativas para regular la actividad de los lobbies en España. De hecho, Manuel Fraga ya propuso introducir este fenómeno dentro de la Constitución durante el debate constituyente, lo que evidencia la longeva problemática.
Tras varios intentos, en la actual legislatura, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que busca identificar patrones de influencia indebida y posibles corruptores. En Cataluña, la ley aprobada en 2014 incluye algunos elementos relativos a los grupos de presión. En 2016, el Parlament creó un registro de grupos de interés, ofreciendo públicamente una lista de empresas y particulares que se inscriben como lobbies.
Otro componente importante es la agenda, que ayuda a determinar no solo quiénes están en el registro de lobbies, sino también quiénes se han reunido con determinados decisores públicos. Sin embargo, Ridao señala que la experiencia «no es 100% positiva», ya que no todos los encuentros son comunicados. Además, el jurista, que también es profesor de Derecho Constitucional, advierte sobre la carencia de una «huella normativa» que permita conocer la trascendencia de la influencia de los lobbies en las decisiones adoptadas.
Ridao destaca que otros aspectos que no funcionan en Cataluña son el control del «lobbismo informal», que opera por circuitos no regulados y la falta de incentivos satisfactorios para que los lobbies se inscriban en el registro y realicen una actividad formal.
A pesar de ello, en España, la financiación de los partidos políticos es principalmente pública, prohibiendo la financiación de empresas y limitando la de particulares a 50.000 euros al año. Por lo tanto, para Ridao, un lobby «íntegro» no debería operar con contraprestaciones económicas, como ocurre en los Estados Unidos.
EL CONGRESO
Para Ridao, el Congreso es el lugar donde se manifiesta una «cierta incidencia» del lobbismo, abarcando diferentes tipos de grupos, desde colectivos hasta entidades financieras, que normalmente se traducen en enmiendas o modificaciones de proyectos de ley.
«Si ahora mismo fueses al Congreso, verías que la actividad no se concentra únicamente en el hemiciclo o en las sesiones, sino en los despachos, en reuniones diarias entre actores económicos y sociales que intentan influir», explica el jurista.
Aunque en los últimos 10 años han emergido despachos de ‘public affairs’ que se han profesionalizado, su actividad no es comparable a la de los lobbies en Estados Unidos. Por último, Ridao señala que los medios de comunicación también ejercen influencia – aunque no son grupos de presión en sí mismos – al reflejar los estados de opinión de la ciudadanía respecto a determinadas decisiones o incluso llegar a modificarlas, lo cual tiene un impacto significativo en la agenda política.