Los alcaldes de Mula, Calasparra y Los Alcázares han coincidido en la necesidad de dotar de recursos económicos las administraciones locales, en el contexto del Proyecto de Ley que regula los bienes de interés turístico de la Región de Murcia. Durante la reciente Audiencia Legislativa de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional, los regidores plantearon sus preocupaciones sobre la falta de financiación y los riesgos que conlleva para la gestión municipal.
El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, fue el primero en tomar la palabra, insistiendo en que el nuevo proyecto de ley debe garantizar una financiación «blindada». Según él, sin recursos económicos respaldados por ley, la normativa resultará en una «expropiación de facto» de las capacidades de gestión de los ayuntamientos. Además, propuso que el nombre de la ley incluya explícitamente el término «financiación» y que cada declaración de un bien turístico venga acompañada de una partida presupuestaria automática. «La lealtad institucional debe ser recíproca; si la Región quiere presumir de la riqueza de Mula, tiene que cofinanciar ese patrimonio de forma blindada», aseveró.
La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, celebró el debate sobre esta ley «necesaria» pero lamentó la falta de «respaldo institucional que merece» su municipio. García exigió un reparto equitativo de recursos reales entre los municipios, para que la ley no se convierta en una herramienta «para etiquetas vacías». También expresó su preocupación por la falta de mecanismos que protejan el enclave del cañón de Almadenes, un Bien de Interés Turístico Cultural, y solicitó la declaración de la Feria Taurina del Arroz de Calasparra como Bien de Interés Turístico Regional, una petición que ha sido denegada en varias ocasiones por el Gobierno regional.
La alcaldesa se mostró preocupada por que, según el texto de la ley, la declaración, modificación y revocación recaen en la Consejería de Turismo, sin otro organismo que evalúe las solicitudes. «Todos somos conscientes del maltrato de la comunidad autónoma a determinados municipios», lamentó. García también criticó la falta de proporcionalidad en los criterios de acreditación, subrayando que un pequeño municipio no puede competir en promoción al mismo nivel que una gran ciudad.
Además, reclamó la construcción de la autovía del Norte para Moratalla, con el objetivo de atraer turistas y fomentar el emprendimiento. Insistió en la necesidad de incluir criterios flexibles en la ley que permitan la innovación y la calidad de la oferta turística, proponiendo la creación de categorías adaptadas que reconozcan la diferencia entre recursos de localidades pequeñas y grandes.
El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, defendió que el proyecto de ley sobre Bienes de Interés Turístico es una herramienta útil para impulsar la identidad local. Sin embargo, advirtió que será insuficiente si la Comunidad no asume compromisos firmes en términos de financiación, conectividad y sostenibilidad. Pérez Cervera resaltó que el modelo clásico de «sol y playa» ya no es suficiente, y criticó la falta de una memoria económica clara en el texto legislativo, que define con detalle las exigencias para los municipios, pero no los recursos que la Comunidad destinará para acompañarlos. «No se puede hablar de patrimonio ni de promoción sin inversión», sentenció, proponiendo enmiendas que refuercen el papel de la Administración regional y eviten que la ley se convierta en un instrumento discrecional.
Desde la oposición, el diputado del PSOE, Manuel Sevilla, coincidió en que la ley presenta «lagunas importantes» en cuanto a financiación y accesibilidad. Ignacio Arcas, de Vox, cuestionó la utilidad de publicar normas si no se acompañan de campañas de publicidad o dotación presupuestaria. Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, se mostró escéptico acerca de una ley que considera cargada de «conceptos ambiguos» y que podría suponer más obligaciones que beneficios para las arcas municipales.
En contraste, María Ángeles Román, del Grupo Parlamentario Popular, valoró la ley como un paso necesario para «ordenar y proyectar» una oferta turística diversa que trascienda las festividades patronales, defendiendo que esta norma ayudará a consolidar una identidad propia para la Región de Murcia en un momento de cifras históricas de pernoctaciones y gasto por visitante.
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