El Gobierno del Principado de Asturias ha manifestado su postura sobre la insostenibilidad del cobro de la tasa de peaje en la autopista del Huerna (AP-66), a raíz de la actual degradación de las prestaciones ofrecidas en esta vía. Este pronunciamiento se realizó mediante la remisión de requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como a la sociedad concesionaria Aucalsa.
Estas acciones siguen el acuerdo alcanzado recientemente por el Consejo de Gobierno de Asturias y se alinean con las iniciativas previas que buscan interponer un recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa. En el documento dirigido al ministerio, se solicita la adopción urgente de diversas medidas destinadas a mejorar la situación de la vía.
Dentro de las exigencias se incluye el restablecimiento de condiciones adecuadas de prestación del servicio, la revisión del régimen tarifario acorde al nivel real de las prestaciones, así como la consideración de la suspensión temporal del peaje. Además, se demanda un calendario detallado que asegure la finalización de las actuaciones en curso.
Por otro lado, el requerimiento dirigido a Aucalsa exige la revisión inmediata de la planificación de las obras en ejecución, a fin de evitar la acumulación de incidentes y restablecer niveles adecuados de servicio. También se pide información técnica detallada sobre el alcance y duración de las afecciones, así como una justificación del mantenimiento del cobro íntegro del peaje.
Dos procesos diferenciados y compatibles
La acción del Principado se descompone en dos enfoques que son complementarios. El primero se relaciona con la nulidad de la prórroga de la concesión, mientras que el segundo aborda la degradación actual del servicio en la autopista. En este contexto, el Gobierno de Asturias ha enfatizado que su objetivo prioritario es lograr la nulidad de la prórroga del peaje del Huerna, acordada mediante el Real Decreto 392/2000. Este planteamiento está respaldado por el dictamen motivado de la Comisión Europea, que considera que dicha prórroga constituye una modificación sustancial del contrato concesional, comparable a una nueva adjudicación sin licitación pública, lo que contraviene los principios de igualdad, transparencia y concurrencia.
Ante esta situación, el Principado ha solicitado formalmente la revisión del mencionado Real Decreto y continúa la preparación de un recurso contencioso-administrativo, el cual será interpuesto si no se atiende a dicha revisión. Esto se considera fundamental para restablecer la legalidad y defender el interés general.
Adicionalmente, se ha constatado una degradación generalizada del nivel de servicio de la autopista, derivada de la simultánea ejecución de obras, incidentes geotécnicos y medidas de gestión de tráfico que generan restricciones continuas en la circulación.
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Consumo, y respaldadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, han evidenciado afecciones prolongadas en más del 60% del trayecto. Estas incluyen reducciones de carril, limitaciones de velocidad de hasta 40 km/h, circulación en un solo carril, desvíos provisionales y trabajos simultáneos en túneles y otras áreas complejas. Estas condiciones han conducido a un aumento significativo de los tiempos de recorrido y a una disminución de la fiabilidad en los desplazamientos, lo cual no es aceptable para una autopista de peaje.
Las afectaciones han suscitado múltiples reclamaciones por parte de los usuarios y consumidores, quienes denuncian deficiencias estructurales en el servicio, el mantenimiento del cobro total del peaje y una insuficiente información previa. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esta situación podría significar una ruptura de la equivalencia entre el servicio real prestado y el coste exigido, lo que refuerza la necesidad de aplicar medidas correctivas y sustenta una posible actuación judicial.
El Gobierno de Asturias destaca que la nulidad de la prórroga y la respuesta a la degradación del servicio son líneas de acción compatibles pero diferenciadas. El objetivo final de estas acciones es cumplir con el Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna, en el contexto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias requiere.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, al frente de la mesa en una reunión de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, celebrada en marzo.