La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda durante la dana, Susana Camarero, ha defendido la actuación de su departamento el 29 de octubre de 2024, «con la información que teníamos y los medios disponibles». Camarero lamentó no haber tenido toda la necesaria para ayudar «más» y sostuvo que la decisión de mantener su agenda institucional de aquel día fue «compatible con atender las situaciones» que se iban produciendo por las lluvias.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, cargó contra los «bulos» difundidos en relación a la tragedia, como el de que los usuarios del servicio de teleasistencia «llamaban al botón y no había nadie al otro lado» o que había «abandonado a los mayores mientras morían en las residencias».
Al inicio de su intervención, mostró «recuerdo y respeto a las víctimas de la riada y a sus familias» y rechazó «responder a descalificaciones, manipulaciones y relatos». Dijo que era importante centrarse en lo que sucedió aquella jornada y recordó que se trató de una tragedia de dimensiones nunca conocidas.
Camarero resaltó que desde el Consell hicieron frente a la situación «con la información que teníamos y con los medios disponibles», afirmando que desde «primera hora de la mañana» su prioridad fueron las personas más vulnerables, como acreditan los mensajes de WhatsApp de sus altos cargos. En esas conversaciones, pidió que se contactara con todos los centros sociales y se pusieran a disposición para informar sobre cualquier problema.
Protocolo de actuación
La consellera informó que a las 9:52 horas se remitió a centros de día, mayores y residencias un protocolo informativo de actuación en caso de alerta por lluvias, que contenía recomendaciones para el personal. Este protocolo era conocido por las entidades, pues había estado anunciado y constaba en la página web de la Conselleria desde el verano de 2024, cuando se redactó. «Una guía que el Botànic nunca tuvo en ocho años», replicó.
El incidente «más complicado» esa jornada ocurrió en la residencia de Carlet al romperse una claraboya. A las 13:30 horas, habló con la alcaldesa, quien le explicó que en ese momento «estaba todo más tranquilo» en la zona, y quedaron en «volver a hablar si la situación se complicaba». Más tarde, se produjeron incidencias en el centro de menores de Alborache, con problemas de luz, y a las 17:34 ella pidió que los menores no salieran.
A las 18:00 horas, asistió a un acto en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), asegurando que esto no condicionó su atención a la situación. Algunos en su relato han llegado a afirmar que «abandoné a los mayores mientras morían en las residencias». Sin embargo, argumentó que cumplía con su agenda y que había consultado sobre la posibilidad de suspender, pero le pidieron e insistieron que fuera, pues había gente desplazada de toda la Comunidad Valenciana.
En cualquier caso, garantizó que durante la hora que duró el acto nunca dejó de estar «conectada» con su equipo, «pendiente» de lo que le trasladaban sobre la emergencia. A las 18:30 horas, no había constancia de «ningún incidente en ninguna residencia».
Reacción «inmediata»
Camarero destacó que la actuación desarrollada el 29 de octubre fue «preventiva, de seguimiento y de respuesta, antes, durante y después de la agenda oficial». A última hora de la tarde, al empezar a llegar información de la riada en l’Horta Sud, reaccionaron de forma inmediata, llamando a las residencias de los municipios afectados.
Respecto a la residencia de Paiporta, donde murieron seis personas, aseguró que los informes demuestran que la empresa que la gestiona conocía el protocolo. «Todo transcurría como un día normal hasta que, a partir de las 19:30, un tsunami, una avenida de agua y barro rápida y repentina atravesó la puerta». Además, puso en valor el esfuerzo del personal que «se jugó la vida por salvar a los 113 mayores que sobrevivieron».
En relación a su asistencia a una reunión del Cecopi, lamentó que se haya «manipulado y tergiversado» la situación, aclarando que no era miembro de ese organismo y que no fue convocada. «Me conecto personalmente porque estaba preocupada y siguiendo lo que estaba pasando», subrayó, enfatizando que quienes estaban a cargo tenían la responsabilidad técnica y operativa.
Teleasistencia
Sobre la teleasistencia, censuró las «acusaciones muy injustas» de la izquierda, asegurando que «no hay víctimas de la teleasistencia, hay víctimas entre los fallecidos que contaban con el servicio». Consideró «injusto» vincular la teleasistencia con sus muertes, recordando que el servicio es asistencial y no de emergencias, por lo que no manda alertas de riesgo. Los contratos fueron firmados por Mónica Oltra y no recogen que los operadores envíen mensajes de emergencia.
Además, garantizó que las seis llamadas de usuarios fallecidos fueron atendidas: «Las transcripciones son muy angustiosas, pero demuestran que el servicio funcionó. Ningún usuario, ninguna familia que apretó el botón quedó sin ser atendida».
Grupos
José Muñoz (PSPV) criticó que Camarero diga que «ninguna familia del servicio de teleasistencia quedó desatendida» cuando fallecieron 37 usuarios del servicio. Se refirió a la concentración de víctimas convocada ante Les Corts para instarle a que «vaya a ver a las víctimas, repita lo que acaba de decir en esta comisión y vaya a ver su respuesta, si tiene un poco de valor».
Nando Pastor (PP) afirmó que si Camarero «sale a intentar hablar con las víctimas, no podrá hacerlo porque no hay ninguna allá afuera, las que había se han marchado», reprochando a la izquierda «utilizar el dolor de las víctimas». Afirmó: «Nunca tendré la oportunidad de saber a quién ni cómo mira el presidente de la CHJ, Miguel Polo; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la ministra de Transición Ecológica; el ministro del Interior, Marlaska; o la ministra de Defensa, Margarita Robles en una comisión porque son unos cobardes todos».
Nathalie Torres (Compromís) reprochó a Camarero que «ha vuelto a hacer lo que solía hacer cada semana como portavoz del Consell y como consellera de Servicios Sociales, mentirnos en la cara sin pudor», añadiendo que «no podrá mentir bajo pena de perjurio el día que vaya a declarar a Catarroja».
Por su parte, Joaquín Alés (Vox) se mostró seguro de que «fue muy complicada la toma de decisiones, dada la imprevisión, la falta de información» y el «bloqueo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar». Criticó, además, el «máximo aprovechamiento de la oportunidad política» por parte de la izquierda.