Archivo – Agentes de los equipos de emergencia atienden a los migrantes en el muelle de Arrecife.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) – La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha cifrado este viernes en 155 millones de euros el coste de atención a los menores migrantes en las islas en 2025, si bien ha reconocido que la red de acogida se está redimensionando con el cierre de algunos centros gracias a la derivación a otras comunidades autónomas.
En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria, ha comentado que ya han salido de las islas un total de 719 menores a otras comunidades autónomas por la vía del artículo 35 de la ley de extranjería, de tal forma que el archipiélago ha pasado de 4.389 menores tutelados a 3.337.
No obstante, ha reconocido que la media de ocupación de los centros «sigue siendo alta», en torno al 123%, aunque no al «160 o 170%» que estaba en 2025.
Delgado ha reprochado a la portavoz de Vox, Paula Jover, «el discurso fácil de poner precio a un niño» para cuestionar su atención cuando están en una situación de «alta vulnerabilidad» y, además, es una «obligación legal» para Canarias.
En esa línea, ha insistido en que no se trata de una «simple factura contable» ni de gestionar «mercancías ni balances de una empresa privada», pero ha dejado claro que el Ejecutivo no gasta «mal», ya que Canarias es una de las comunidades con menor gasto por plaza.
La consejera ha vuelto a exigir al Estado y a las comunidades autónomas que se mantenga la derivación de menores migrantes y, especialmente a Vox, que se cumpla la ley en Extremadura y Aragón y que no ayude a convertir a Canarias «en una cárcel de Europa» con la aplicación del nuevo pacto de asilo.
Por su parte, Jover ha cargado contra los «gastos millonarios» en la atención a menores migrantes, y no solo en los centros de acogida, sino también desde la Consejería de Educación con «apoyos lingüísticos, libros, material, comedor, gasto sanitario o gasto de asistencia».
Por ello, ha reclamado a Delgado «eficiencia y racionalización del gasto», ha achacado a los menores migrantes el hacinamiento en el transporte público a raíz de la gratuidad y ha reprobado que se destine un gasto 14 veces mayor al de las ayudas de vivienda para jóvenes.
Igualmente, ha indicado que padres de menores nacionales tutelados por la comunidad autónoma «compran ropa a sus hijos» cuando los menores migrantes «van con primeras marcas» que «una familia canaria no se puede permitir», lo mismo que entradas en parques acuáticos de ocio.