El consejero de Salud, César Pascual, ha reiterado de manera enfática que Cantabria «no va a tolerar ni una sola agresión a un profesional del sistema sanitario, ni física, ni verbal, ni en redes sociales o disfrazada de enfado». En el contexto del Día europeo contra las agresiones a médicos y profesionales sanitarios, hace un llamado a la «tolerancia cero» y a la necesidad de «denunciar» para evitar la impunidad de los agresores, que en su mayoría son reincidentes.
Durante su intervención, Pascual enfatizó que la impunidad comienza cuando las agresiones se silencian y destacó que hay miles de profesionales que cada día realizan una labor extraordinaria en el cuidado de los demás. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de las agresiones no se denuncian; en 2025, solo se registraron 14 denuncias, ya que muchas situaciones agresivas se normalizan o se consideran parte del trabajo, algo que debe cambiar en la sociedad.
«Es profundamente injusto» que se haya abordado este problema como si fuera inevitable, como si la agresividad formara parte del sistema sanitario, dijo. «Los profesionales sanitarios no son el saco emocional de nadie, ni del sistema, ni de los pacientes, y la sanidad no puede ser el lugar donde la frustración social se convierta en violencia», añadió.
Pascual explicó que, cuando un profesional del Servicio Cántabro de Salud es agredido, se generan tres consecuencias: primero, se causa daño a una persona, bien físico o moral; segundo, se deteriora el clima laboral; y tercero, se resiente la atención al resto de los pacientes debido al impacto del incidente violento en el profesional y el centro sanitario. «Cualquier agresión, lejos de ser un hecho aislado, es un ataque al funcionamiento del sistema sanitario, y eso es sencillamente inaceptable», concluyó.
Las cifras
El director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, Óscar Fernández Torre, y el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero, también comentaron las cifras y actuaciones de 2025. Se registraron 238 incidentes violentos, 36 menos que en 2024, lo que representa un descenso del 13,14%. «Un dato positivo, pero no nos engañemos, 238 agresiones siguen siendo 238 agresiones intolerables».
La gran mayoría de las agresiones (200) fueron verbales, que a menudo son el preludio de lo que puede ocurrir, y se dio preferencia a abordar estas agresiones, que ocurren principalmente en consultas, en hospitalización y en urgencias. La causa más habitual, según Pascual, es «la frustración de las demandas del usuario, no la mala calidad del servicio».
De los 238 incidentes, 26 eran de violencia física, de los cuales 10 se clasificaron como «no intencionales», provocadas por personas incapaces de obrar y decidir debido a su estado. Aun así, 16 casos fueron considerados agresiones físicas intencionales.
La mayoría de los incidentes violentos (191) afectaron a mujeres, aunque el sexo del profesional no determina el riesgo, ya que el 80% de la plantilla está compuesta por mujeres.
Perfil de los agresores
En cuanto al perfil de los agresores, Fernández Torre mencionó que, al igual que en el ámbito nacional, en 164 casos, dos tercios del total, el agresor fue el propio usuario, mientras que el resto resultaron ser familiares del paciente (72) o acompañantes (2).
Respecto a las categorías profesionales afectadas, se mantienen datos de años previos, siendo los facultativos (77) y enfermería (86) los que acumulan el mayor número de incidencias, seguidos por el personal administrativo (23), auxiliares (25) y celadores (15). La distribución por gerencias señala un mayor volumen de agresiones en Atención Primaria (121), lo cual también es consistente a nivel nacional.
Actuaciones de la Consejería
Prevención, la mejor medida
«Estamos actuando en varios frentes», afirmó Pascual, describiendo las numerosas acciones que la administración sanitaria ha implementado, incluyendo campañas de sensibilización, la instalación de cámaras de seguridad y mecanismos de aviso o alarma. También se han mejorado los sistemas de registro y seguimiento, permitiendo tramitar más expedientes sancionadores.
Sin embargo, Pascual advirtió que el fenómeno de las agresiones no se resuelve solo con medidas legales o de seguridad. «Lo que queremos es evitar la violencia, no solo registrarla. Quien crea que puede insultar o agredir a un profesional sanitario sin consecuencias, se equivoca», enfatizó.
Si no hay consecuencias legales, ya que solo las denuncias tienen efectos legales, cada agresión será investigada y, cuando proceda, sancionada. La respuesta administrativa es fundamentalmente preventiva: un tercio de los agresores son reincidentes, y si se sienten impunes, el riesgo de que repitan aumenta.
Asimismo, se han iniciado citaciones presenciales para abordar casos en los que una simple carta reprobatoria podría ser insuficiente. Gracias a modificaciones en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria, se pueden sancionar infracciones leves, a menudo precursoras de una escalada de violencia.
Estas acciones se completan con la designación de referentes en cada uno de los centros del SCS y la elaboración de un mapa de riesgos para optimizar la seguridad y atención en los centros.
Finalmente, más de 2.500 profesionales del SCS han recibido formación en prevención de agresiones en 2025, con el objetivo de dotarles de herramientas para manejar situaciones de escalada de agresividad.