PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de Palma ha interpuesto un recurso de alzada contra la inclusión del monolito de sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática, lo que podría conllevar su eventual retirada. Los representantes municipales consideran que el Gobierno podría estar incurriendo en un delito de prevaricación si continúa con este proceso.
Desde Cort sostienen que la resolución dictada el pasado 26 de marzo, coincidiendo con la aprobación en el pleno municipal de otorgar al monumento la máxima protección patrimonial, «contraviene de forma directa resoluciones judiciales firmes». Esto, según alertaron en un comunicado, podría suponer que el Gobierno incurriera en supuestos delitos de prevaricación y desviación de poder al tomar una decisión «al margen del ordenamiento jurídico y de lo ya resuelto por los tribunales», vulnerando así el principio de división de poderes.
El Ayuntamiento de Palma se ha unido así a Vox Baleares, que ya había anunciado un recurso similar, al entender que la inclusión del monolito en dicho catálogo «supone un nuevo ataque al poder judicial», al ignorar resoluciones firmes que ya han avalado su legalidad tras su resignificación.
Está protegido legalmente
En su recurso, el Consistorio ha recordado que el monumento fue adaptado en 2010 a la normativa de memoria histórica, eliminando cualquier elemento de exaltación franquista e incorporando una reinterpretación democrática. Posteriormente, una sentencia dictada en 2020 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma y confirmada al año siguiente por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, declaró el monumento bien catalogado del patrimonio histórico.
Cort ha defendido que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática «no puede desconocer los efectos de las resoluciones judiciales» y, por lo tanto, debería anular una resolución que es «contraria al ordenamiento jurídico». De este modo, queda acreditado, según los representantes municipales, que el monolito de sa Feixina está protegido legalmente y que los elementos contrarios a la memoria democrática han sido sustituidos.
El Gobierno, argumentan, contraviene los preceptos legales de referencia, y existe la obligatoria de no promover la destrucción ni el traslado del monumento «por el evidente riesgo para su integridad». Si se llevara a cabo la retirada de sa Feixina, el Consistorio alerta que podrían derivarse responsabilidades penales contra el Gobierno en el ámbito de los delitos contra el patrimonio histórico.
El recurso sostiene que la decisión estatal vulnera la propia ley de memoria democrática, que excluye la retirada de elementos cuando concurren valores artísticos o patrimoniales protegidos. Además, distintas entidades como Arca, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Icomos, órgano consultivo de la Unesco, han defendido el «valor histórico, artístico y arquitectónico» del monumento, así como su permanencia como elemento protegido.
«Conocimiento previo» de los socialistas
El Ayuntamiento ha subrayado que en el pleno municipal de marzo, en el que se aprobó la inclusión de sa Feixina en el catálogo municipal de protección, ya se distribuyeron documentos relativos a la resolución estatal ahora recurrida, que fue dictada ese mismo día. Desde el equipo de gobierno han señalado que el grupo socialista exhibió esta documentación durante la sesión plenaria, lo que podría evidenciar que tenían «conocimiento previo de la situación jurídica del monumento y de la actuación del Gobierno central».