– David Zorrakino – – Archivo
MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) – Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico cero eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas. Doce meses después, con varios informes sobre la mesa y una Comisión parlamentaria ya finalizada y otra en marcha, aún no se ha señalado a un culpable del incidente.
Ni el Gobierno, ni el panel de expertos europeos de Entso-E, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido capaces de identificar a un claro responsable del cero eléctrico.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico apresuró la publicación de su informe, que dio a conocer menos de dos meses después del incidente, pero se limitó a concluir que el apagón fue resultado de un problema «multifactorial» que implicó episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales. Avanzó en una batería de medidas para supervisar mejor el sistema y evitar un episodio similar en el futuro.
Por su parte, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) publicó su informe final en marzo de este año. Las conclusiones fueron similares, afirmando que el apagón fue un «evento sin precedentes» y el mayor de estas características en las últimas dos décadas, aunque asegurando que no tuvo una única causa, sino que fue consecuencia de la combinación de varios factores, como oscilaciones en el sistema, dificultades para mantener la tensión estable y cambios y desconexiones rápidas de generación en España.
De esta investigación surgieron recomendaciones para fortalecer las prácticas operativas, mejorar el monitoreo del comportamiento del sistema y establecer una coordinación e intercambio de datos más estrechos entre los actores del sistema eléctrico. También se resaltó la necesidad de adaptar los marcos regulatorios para apoyar estos cambios, apuntando a la responsabilidad de todos los implicados.
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
Recientemente, el regulador inició unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción a Red Eléctrica de España (REE), en su caso muy grave, y a varias compañías eléctricas, entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, con implicaciones graves para todos ellos. Sin embargo, más que aclarar dudas, estos expedientes han servido para continuar distribuyendo culpas y aportando más elementos a una batalla legal que probablemente se dilucide en los tribunales.
Igualmente, la Comisión de Investigación del Senado, de claro perfil político, ha escuchado a distintos actores del sector, señalando a unos y otros como responsables. Al final, y con una mayoría del PP en la Cámara Alta, se concluyó señalando al Gobierno, a Red Eléctrica de España (REE) y a la CNMC por su «inacción regulatoria y supervisora».
Por su parte, esta semana ha comenzado también la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, donde se han presentado los máximos directivos de las empresas energéticas. Esta no ha hecho más que confirmar que el intercambio de acusaciones en torno al apagón continuará, sin arrojar luz sobre el incidente.
Queda por ver quién deberá asumir la factura millonaria de los daños derivados del apagón, en un proceso judicial que, se espera, tendrá un largo recorrido en los tribunales. Todo indica que será en dicho ámbito donde se delimitará la responsabilidad del incidente.
MODO REFORZADO.
El apagón ha establecido un ‘modo reforzado’ en la operación del sistema eléctrico desde aquel día, lo que ha llevado a un fuerte aumento en el coste de los servicios de ajuste, que se trasladan a la factura de la luz, sobre todo en la de los clientes del mercado regulado, el denominado PVPC.
A pesar de que la creciente presencia de energías renovables ha reducido el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la variabilidad de estas tecnologías obliga a ajustar constantemente la producción para mantener el equilibrio entre oferta y demanda. Esto ha llevado al sistema a necesitar cada vez más recursos de respaldo, como los ciclos combinados de gas natural.
Este incremento ha resultado en un aumento del coste de los servicios de ajuste, alcanzando en marzo un nuevo máximo de 27,6 euros/MWh, lo que representa un aumento del 74% con respecto al año anterior y más del doble que en el mismo mes de 2024, según datos de Selectra.