El Principado aplaude la decisión de las instituciones comunitarias, que favorece la concreción de iniciativas industriales en las factorías de Avilés y Veriña. El Gobierno de Asturias ha evaluado hoy el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para respaldar la actividad siderúrgica. El Principado confía en que estas medidas faciliten la concreción de nuevas inversiones por parte de Arcelor en sus plantas de Avilés y Veriña, necesarias para consolidar la actividad de ambas factorías a medio y largo plazo.
El Ejecutivo autonómico hace una valoración muy positiva del acuerdo europeo: entiende que proporciona un marco regulatorio estable para que las empresas comunitarias puedan competir, por lo que resulta clave para territorios como Asturias, donde la siderurgia vertebra el tejido industrial al tiempo que sostiene miles de empleos directos e indirectos.
El documento incluye decisiones relevantes. Una de las más destacadas es la reducción de aproximadamente un 47 % de los contingentes de importación respecto a las cuotas de 2024. Al mismo tiempo, los aranceles fuera de contingente se elevarán al 50 %. También introduce el criterio de “fundición y vertido”, lo que hará posible identificar la procedencia real del acero y su trazabilidad desde el origen, evitando así la entrada en Europa de material de terceros países con transformaciones mínimas.
La sustitución de las actuales medidas de salvaguarda, que expiran en junio, evita cualquier vacío normativo y garantiza continuidad en la protección del mercado europeo frente a prácticas desleales. De este modo, se facilita la toma de decisiones empresariales a largo plazo. Puesto que las plantas de Avilés y Veriña operan bajo estándares laborales, ambientales y energéticos exigentes, este nuevo sistema ayudará a corregir los desequilibrios que las penalizaban frente al acero importado a precios artificialmente bajos.
La aplicación del arancel ambiental fue, precisamente, la primera petición que planteó Adrián Barbón cuando asumió la presidencia del Principado en 2019. Desde entonces, el Ejecutivo autonómico ha desplegado varias iniciativas orientadas a reforzar la protección del acero comunitario frente a la competencia de importaciones de terceros países con regulaciones más laxas y sin compromiso con la reducción de emisiones.
El propio Barbón lideró dos viajes a Estrasburgo (febrero de 2025) y Bruselas (septiembre de 2025) en los que defendió estos planteamientos. Además, el Gobierno de Asturias participó en la elaboración del dictamen del Pacto sobre el Acero, aprobado por el Comité de las Regiones (diciembre de 2025), un documento que recoge varias propuestas en defensa de la siderurgia comunitaria.
El Gobierno del Principado entiende que las medidas acordadas contribuirán a despejar incertidumbres y a ofrecer un marco más estable y previsible para toda la industria del acero europea. Por lo tanto, espera que abran la puerta al desarrollo de nuevas inversiones en las plantas asturianas, como una acería eléctrica en Avilés. En la actualidad, Arcelor está finalizando la construcción de un horno de arco eléctrico en Veriña.
Avances en el tratamiento de los residuos
El Ejecutivo ha adoptado hoy dos decisiones para mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia la economía circular. En suma, las dos medidas movilizarán 9,5 millones de euros.
Ayudas para el fomento de la economía circular
Por una parte, ha acordado ampliar el presupuesto de las ayudas a grandes empresas para ejecutar proyectos que ayuden a promover la transición justa. La partida inicial, fijada en 12 millones de euros, ha resultado insuficiente para cubrir la demanda, por lo que el montante total se eleva ahora hasta los 20 millones de euros.
Esta línea, financiada por el Fondo de Transición Justa (FTJ), apoya el desarrollo de inversiones industriales vinculadas a la descarbonización; concretamente, proyectos de grandes empresas y de agrupaciones de grandes empresas con pymes, con el fin de respaldar la cadena de valor de las energías renovables. Las ayudas cubren gastos que ayuden a ahorrar recursos, fomenten la reutilización y el reciclaje y promuevan el ecodiseño.
Mejora de las infraestructuras municipales
Por otro lado, ha autorizado una subvención directa de 1.515.423 euros destinada a Cogersa para reforzar las instalaciones municipales de gestión de residuos.
Esta partida, financiada por el programa NextGenerationEU, permitirá ampliar las infraestructuras municipales de gestión de residuos mediante la implantación de 14 áreas de compostaje en varios municipios, el reparto de mil equipos de compostaje doméstico y la creación de áreas de voluminosos en Bimenes, San Tirso de Abres, Candamo, Santa Eulalia de Oscos y San Martín de Oscos. También facilitará la adquisición de una prensa hidráulica para mejorar el proceso de gestión de envases en Cogersa.
Más personal docente
El Consejo de Gobierno ha aprobado la plantilla de los centros públicos no universitarios para el curso escolar 2026-2027, que alcanza una cifra histórica: 10.183 docentes. Esta cifra supone un incremento de 548 profesionales respecto al curso actual, un aumento del 5,69 % que se produce en un escenario de descenso generalizado del alumnado (un 1,19 % de media).
El 80,2 % del incremento de la plantilla se registrará en el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria, con 440 nuevas plazas, mientras que los 108 puestos restantes corresponden a profesorado de Secundaria y otros cuerpos. La plantilla para el próximo curso cumple varios de los compromisos incluidos tanto en el pacto Asturias Educa, por la mejora de la enseñanza pública, como en el acuerdo con los sindicatos de septiembre de 2024, donde figura la reducción de la jornada lectiva de los maestros a 23 horas semanales.
Modernización de la justicia
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para la prestación de servicios vinculados a la implantación de Atenea, el nuevo sistema informático de gestión procesal.
El convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, conlleva una inversión de 1.112.667 euros por parte del Principado y supone un paso decisivo en la modernización tecnológica de la justicia. El acuerdo incluye la prestación de servicios de soporte técnico, funcional y de arquitectura por parte del ministerio, tanto para la instalación del sistema como para el desarrollo de sus funcionalidades e integraciones.
Atenea es la evolución tecnológica de Minerva, el sistema utilizado hasta el momento. Plenamente compatible con la gestión de los datos actuales, se adapta a las necesidades de las nuevas oficinas judiciales, por lo que su extensión permitirá mejorar la gestión de los procedimientos, facilitar la interoperabilidad entre sistemas, reforzar la seguridad de la información y optimizar el trabajo de los órganos judiciales.
Refuerzo de la orientación laboral
El Gobierno ha acordado destinar 7,1 millones de euros para financiar las retribuciones de un grupo de 49 orientadores laborales desde el próximo 1 de mayo hasta el 30 de abril de 2029. Los especialistas prestarán servicio en toda la red de oficinas del Servicio Público de Empleo (Sepepa).
Entre otros cometidos, se encargarán de realizar entrevistas para evaluar el perfil profesional de las personas demandantes de trabajo, ofrecer técnicas y herramientas de búsqueda activa de empleo, así como prestar ayuda para actualizar currículos y preparar entrevistas. También diseñarán itinerarios personalizados de inserción laboral y ofrecerán información sobre sectores de actividad con alta demanda de empleo.
Agentes de desarrollo local
El Ejecutivo ha aprobado una partida de 2,5 millones de euros para convocar subvenciones destinadas a cubrir los costes salariales de agentes de desarrollo local. El Servicio Público de Empleo (Sepepa) financiará hasta 33.500 euros por persona trabajadora, con un tope de 133.000 euros para cada entidad local beneficiaria.
A la convocatoria anterior se presentaron 65 ayuntamientos, diez de manera individual y otros 55 de forma agrupada. En total, se aceptaron 64 solicitudes y el Sepepa repartió 2,2 millones de euros
FUENTE