El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial, así como nuevas ayudas para facilitar el acceso al alquiler y a la emancipación, centrándose en el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables.
“Garantizamos que ningún euro de financiación que ponemos encima de la mesa vaya para la especulación, sino para el derecho a la vivienda”, ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, el plan incluirá una cláusula para garantizar que los procedimientos de adjudicación de vivienda pública sigan cauces “objetivos, transparentes y públicos” tras el escándalo del reparto de VPO en ciudades como Alicante. “Fue objeto de atención informativa el caso de una inmobiliaria privada donde se conformaron colas para acceder a una promoción de vivienda asequible para jóvenes que parecían estar esperando las entradas a un concierto. Esto no es un concierto, es un derecho. No son las entradas para un concierto. Por tanto, tienen que existir mecanismos públicos de transparencia que lo garanticen”, ha afirmado Rodríguez.
El 40% del presupuesto del plan irá destinado a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda existente a través de ayudas específicas, y el 30% restante se destinará a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Con una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, el plan establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. “El Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que en el segundo semestre del año el plan pueda desplegarse por todo el territorio, con la asunción por parte de la Administración General de todo el esfuerzo para este año, con el objetivo de que no haya excusas para no implementar el plan”, ha añadido la ministra.
“Es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, yendo a cambios estructurales que eran muy demandados por la ciudadanía, por el sector, avalado por empresarios y sindicatos con todas las aportaciones recibidas”, ha expuesto Rodríguez.
Colaboración y Participación
En este sentido, la ministra ha afirmado que para el plan se han profundizado en las garantías jurídicas, siendo el más participativo al contar con 28 encuentros con las comunidades autónomas y 400 aportaciones del sector que se han incorporado. Asimismo, el Consejo de Estado ha estudiado el plan, ofreciendo un dictamen favorable con algunas aportaciones que mejoran el plan y que brindarán “mayor tranquilidad” al mismo.
Tres Focos: Construir, Rehabilitar y Proteger
El Plan de Vivienda, que nace bajo el “paraguas” de la Ley por el Derecho a la Vivienda, persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger. Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan al interés general. Además, se incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y se ofrecerán datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de “portales privados con intereses privados”.
El Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual. Asimismo, el plan realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control sobre el desarrollo de las viviendas financiadas con dinero público, articulando canales de transparencia y de acción cada seis meses.
El calendario que maneja el Gobierno, tras la aprobación del nuevo Plan de Vivienda, prevé realizar en lo que queda de abril una ronda de reuniones técnicas bilaterales para la redacción del convenio y una comisión multilateral con las comunidades autónomas. En mayo se llevará a cabo la primera conferencia sectorial para aprobar la distribución territorial de los fondos acordados con las comunidades autónomas, con el objetivo de desplegar los efectos del plan a partir del segundo semestre.
Esfuerzo por Comunidades Autónomas
En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, alcanzando los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).
Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, sumando 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, y Castilla-La Mancha recibirá 280 millones (+205 millones).
A la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que representa un incremento de 258 millones.
Finalmente, a Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones). En cuanto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, con un aumento de 4,7 millones, y Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.