MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) – El Gobierno asegura que garantizará la participación de todas las comunidades autónomas (CCAA) litorales en la modificación del Reglamento General de Costas solicitando expresamente su informe, según ha señalado a través de una serie de respuestas parlamentarias sobre el tema registradas en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo ya había llevado a cabo una reforma del Reglamento de Costas en 2022 que, sin embargo, fue anulado en 2024 por el Tribunal Supremo por un defecto de forma, al omitirse el trámite preceptivo de consulta pública.
Además, ha recalcado que el objetivo principal de la reforma es adaptar la normativa a las exigencias de la Comisión Europea en materia de transparencia y concurrencia competitiva, sin alterar los criterios técnicos de deslinde ni afectar a las concesiones de carácter no económico. «El Gobierno considera que estas medidas garantizan la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral conforme al marco comunitario», ha resaltado.
Asimismo, ha señalado que la modificación del Reglamento General de Costas no contempla una reducción de los plazos de concesión vigentes en el dominio público marítimo-terrestre, sino que prevé ampliar a 75 años el periodo para cultivos marinos, desde los 50 años aprobados en la legislación de 2014.
Se ha sometido a consulta previa y consulta pública
Por otra parte, ha indicado que se han respetado los plazos establecidos en la normativa vigente durante lo que lleva de tramitación de esta modificación y no se han reducido respecto a lo contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Gobierno.
De esta manera, explica que la intención del Ejecutivo de cambiar el Reglamento se ha sometido a consulta previa desde el 4 hasta el 19 de febrero de este año. Una vez recabadas las observaciones se ha elaborado un borrador de texto, que ha sido sometido a audiencia e información pública desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril de 2026.
El dictamen del Consejo de Estado se solicita en un momento posterior de la tramitación y, según dice el Gobierno, se recabará de acuerdo con lo establecido en la normativa. Por último, ha señalado que la propuesta normativa no coincide con el texto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo (TS) en enero de 2024 debido a la falta de consulta pública durante su elaboración.
¿El Gobierno ha convocado la conferencia sectorial con las CCAA?
Así ha respondido a una batería de preguntas sobre la modificación del Reglamento de Costas registradas en la Cámara Baja por las parlamentarias ‘populares’ Rosa Quintana Carballo y Ainhoa Molina. En ellas, las diputadas han inquirido sobre si el Ministerio dispone ya de un borrador articulado de la modificación reglamentaria y, en caso afirmativo, sobre por qué no se ha hecho público durante la consulta previa.
Asimismo, han preguntado si la propuesta coincide con el texto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Costas, y sobre si el Ministerio ha solicitado ya un informe al Consejo de Estado sobre la adecuación del procedimiento elegido. Además, han pedido saber qué razones «objetivas» justifican que la tramitación de la consulta pública de una regulación «tan esencial» se haya «limitado» al plazo mínimo de 15 días.
Por otro lado, las parlamentarias ‘populares’ han inquirido sobre si el Gobierno ha convocado la Conferencia Sectorial con las CCAA costeras antes de iniciar esta modificación y si ha solicitado algún informe a Galicia, «dada su especial afectación por extensión de costa y concentración de actividades mar-industria».
A su vez, han preguntado si las concesiones vigentes en el dominio público marítimo-terrestre podrían verse afectadas por una eventual reducción del plazo máximo de 75 a 30 años. Por esta parte, han preguntado cuántas de estas concesiones corresponden a actividades vinculadas al sector pesquero, marisqueo, acuicultura o transformación de productos del mar.
Además, han inquirido sobre si el Gobierno ha elaborado una estimación del impacto económico y laboral de la eventual reducción de la duración de las concesiones. Asimismo, han preguntado si prevé modificar el régimen de
FUENTE
Por Constanza Sanchez
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