BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – El Gobierno Vasco ha señalado que la solución de refinanciación propuesta por la SEPI a Tubos Reunidos «no es suficiente» y que aún «no se ha encontrado la fórmula adecuada» para que la sociedad estatal acepte la quita de la deuda de la empresa. Además, ha reiterado que la compañía necesita atraer nuevos inversores, pero ha advertido que, para que esto sea posible, «hay que reducir mucho la deuda».
Andoitz Korta, viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno Vasco, participó en una reunión donde se abordó la situación de las plantas de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia) debido a un ERE que afecta a 242 trabajadores. En dicho encuentro, que tuvo lugar este jueves, también participaron representantes del Departamento de Industria del Gobierno Vasco, de las diputaciones forales de Álava y Bizkaia, y el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo.
Korta recordó que Tubos Reunidos presentó recientemente las cuentas del último ejercicio de 2025, mostrando pérdidas de 118 millones de euros y una deuda de 263 millones de euros. Estas cifras, subrayó, son anteriores al shock energético ocasionado por el conflicto en Oriente Medio. La empresa, que ya enfrentaba complicaciones debido a los aranceles impuestos por Donald Trump, se ha visto en una situación aún peor tras el estallido de la guerra con Irán.
El viceconsejero enfatizó la importancia de ser «conscientes de cuál es la situación real de la empresa». Resaltó que «la deuda es insostenible y el nuevo entorno internacional ha generado aún mayor incertidumbre económica». Además, recordó que el informe de auditoría de las cuentas anuales de Tubos Reunidos alerta sobre «la incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento».
Korta subrayó que Tubos Reunidos «necesita reestructurar los 263 millones de deuda», siendo la SEPI su mayor acreedor con 150 millones. Aunque la SEPI ha ofrecido flexibilidad en los plazos e intereses, ha insistido en la imposibilidad legal de la reestructuración o quita de la deuda, limitándose a ofrecer la opción de refinanciarla.
La necesidad de una solución a la deuda
El viceconsejero advirtió que esta refinanciación «no es suficiente», ya que Tubos Reunidos «sigue cargando con la mochila de la deuda». «La empresa necesita un nuevo inversor y nadie va a comprar un piso con una hipoteca que es cinco veces mayor que su valor», reconoció. Agregó que mensualmente la empresa enfrenta un desequilibrio donde «sale más dinero del que entra, lo que aumenta la deuda».
Korta también mencionó que Tubos Reunidos ha estado acumulando deuda durante años, con más gastos que ingresos, una situación que ha empeorado con una caída del 50% en la facturación a causa de los aranceles de Trump.
Préstamo de la SEPI y sus consecuencias
Por otro lado, recordó que hace más de cuatro años, «la SEPI salvó a Tubos Reunidos con un préstamo de 112 millones». Si bien sostuvo que «nadie puede culpar por ello» y que es necesario agradecérselo, subrayó que «los intereses del préstamo son muy altos y aumentan año tras año», lo que ha hecho que la deuda haya crecido de 112 millones a 150 millones en la actualidad.
El viceconsejero destacó que todos coinciden en «la necesidad de atraer socios industriales» a la empresa, aunque para ello es imprescindible reducir significativamente la deuda.
Desde el Gobierno Vasco, se ha expresado gratitud por «la buena voluntad del Gobierno español para buscar una solución singular para Tubos Reunidos», pero se lamentó que aún «no se ha encontrado la fórmula adecuada para que la SEPI acepte la quita de la deuda».
Recientemente, el Gobierno Vasco presentó al central una propuesta «concreta, viable desde el punto de vista legal» que permitiría la reestructuración de la deuda por parte de la SEPI. Esta propuesta incluía reconocer que Tubos Reunidos ha sido una empresa «impactada por el doble shock de los aranceles de Trump y del incremento de los costes energéticos por la guerra en Irán», solicitando que la SEPI pudiera flexibilizar sus normas de reestructuración.
Sin embargo, «queríamos que el Gobierno introdujese este cambio legal en el decreto anticrisis aprobado a finales de marzo, pero esta propuesta no fue aceptada por el Gobierno de España y no se incluyó en el Real Decreto ley convalidado por el Congreso», lamentó Korta.
Desde el Gobierno Vasco se ha manifestado firmemente que para que Tubos Reunidos tenga un futuro viable «hacen falta nuevos inversores» y que «es necesario que haya paz social y una quita de la deuda» para atraer a esos inversores. Resaltó la nula disposición de los potenciales compradores «a adquirir una empresa cuya deuda asciende a cinco veces su valor».
Korta también destacó que las instituciones han mostrado desde el inicio del proceso su apoyo a los trabajadores y sus familias, trabajando activamente para buscar un proyecto industrial «sólido de futuro para Tubos Reunidos y la defensa del empleo industrial».
Por último, reafirmó el compromiso de las instituciones a mantener «un diálogo fluido y sincero con los representantes sindicales y seguir de forma estrecha y directa la evolución del proceso de Tubos Reunidos».