El Tribunal Supremo (TS) se dispone a juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La vista oral está prevista para noviembre y podría ser breve, con una posible sentencia antes de finalizar el año, según fuentes jurídicas.
El proceso judicial de García Ortiz comenzó el 9 de junio, cuando el juez instructor del caso, Ángel Hurtado, acordó procesarlo junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos que perjudicó a González Amador.
La propia Fiscalía, representada por María Ángeles Sánchez Conde, número dos de García Ortiz, y ambos imputados apelaron, pero el tribunal de apelación solo aceptó el recurso de Rodríguez, quien fue exonerada. Esto dejó al fiscal general a la espera de la apertura del juicio oral, que Hurtado acordó recientemente.
García Ortiz deberá presentar una fianza de 150.000 euros, que cubrirá posibles responsabilidades económicas derivadas de una eventual condena, incluyendo una indemnización a González Amador, quien reclama 300.000 euros solo por este concepto. El fiscal tiene un plazo de diez días para presentar su defensa.
El tribunal encargado de juzgar a García Ortiz estará compuesto por siete magistrados, la mayoría de ellos de ideología conservadora, incluyendo a Manuel Marchena y Juan Ramón Berdugo. Se espera que la actual presidenta de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, también forme parte del panel, junto a Ana Ferrer, una candidata vinculada al sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Un juicio complejo
Los expertos legales anticipan que este proceso judicial será complicado debido a la relevancia del acusado; nunca antes un fiscal general ha sido juzgado ante el Tribunal Supremo. Además, la naturaleza del delito imputado, la revelación de secretos, presenta desafíos probatorios significativos.
No obstante, podrían añadirse más delitos a la acusación, como prevaricación o infidelidad en la custodia de documentos públicos, según las menciones del propio instructor. Estos delitos podrían incrementar la pena a un máximo de seis años de prisión y doce años de inhabilitación.
Sin embargo, los testimonios que se presenten jugarán un papel crucial en el juicio. Se prevé que varios testigos clave, entre ellos el abogado de González Amador, se presenten ante el tribunal. El juicio también se basará en las comunicaciones realizadas por Pilar Rodríguez en momentos críticos de la presunta filtración, así como en los mensajes de WhatsApp de funcionarios y periodistas implicados en el caso.
Los hechos fijados por el instructor
Angel Hurtado ha delimitado que la filtración a la Cadena SER ocurrió la noche del 13 de marzo de 2024, y que involucraba un correo electrónico enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de ese año. Este mensaje buscaba alcanzar un pacto relacionado con la causa delictiva en la que González Amador estaba procesado.
El magistrado afirma que, antes de que el correo se hiciera público por otros medios, una copia se remitió a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que utilizó esta información durante una intervención en la Cámara contra Díaz Ayuso. Hurtado subraya que el correo contenía datos personales sensibles y que divulgarlo sin autorización supone una violación de la confidencialidad necesaria en estos procesos.
El instructor también enfatiza que tal divulgación no solo afecta la reputación de quienes están implicados, sino que también pone en tela de juicio la integridad de la institución fiscal, resaltando el compromiso del Ministerio Fiscal con la legalidad y la imparcialidad.
García Ortiz está bajo la responsabilidad de salvaguardar la confidencialidad de las informaciones que maneja como fiscal y, según Hurtado, al darle difusión a un asunto privado, sobrepasó su función institucional, afectando posiblemente el derecho de defensa del involucrado.