VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) – La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid inicia este lunes, 15 de septiembre, el macrojuicio por la denominada ‘trama eólica’ que, a lo largo de 43 semanas y hasta el próximo mes de enero de 2026, sentará en el banquillo a un total de catorce personas relacionadas con el proceso de tramitación de parques eólicos en Castilla y León. Esto se debe a las supuestas presiones sufridas por las mercantiles promotoras para dar entrada en su accionariado a empresas locales como condición ‘sine qua non’ para que su autorización administrativa obtuviera el visto bueno de la Administración regional.
Tras el último macrojuicio por ‘La Perla Negra’, la presente causa, que consta de más de 11.000 folios, llega a juicio tras pasar por Instrucción 4. En ella figuran tres de los condenados en la anterior causa, como el exviceconsejero y exsecretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Germán José Martín Giraldo y Francisco Esgueva, quienes ya fueron condenados a dos años y seis meses, once meses y siete meses de cárcel, respectivamente.
La primera de las jornadas, así como la del martes, estarán reservadas a la fase de cuestiones previas y posibles conformidades. La cobertura informativa se llevará a cabo mediante una señal institucional distribuida solo para medios acreditados a través de YouTube. La prueba testifical se iniciará el día 6 de octubre. Aunque inicialmente figuraban en la causa dieciséis personas, uno de ellos ha sido excluido finalmente por razones de salud (el empresario Marc Nodelar), y otro, Manuel Ordoñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta, ya ha fallecido.
Además de las acusaciones que ejercen el Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado, figuran también como acusadores Ecologistas en Acción, en calidad de acusación popular, así como otras seis particulares en representación de las empresas perjudicadas, según informaron fuentes jurídicas.
En noviembre de 2021, el instructor decretó la apertura del juicio oral contra inicialmente dieciséis acusados, cuyas peticiones de penas sumaban 138 años de cárcel, ahora rebajadas a 123,5 tras la exclusión de dos de los imputados, y 850 millones de euros de multas. En aquel auto, el magistrado, además de decretar la apertura del juicio, dio diez días a los investigados para depositar las fianzas para cubrir más de 848 millones de multa en la parte que les corresponda a cada uno, tal y como pedía la Fiscalía Anticorrupción, a lo que se sumaba la Abogacía del Estado.
El escrito, como solicitaba la Fiscalía, también señalaba a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria de aquellas indemnizaciones exigidas al exviceconsejero y secretario general de Economía, Rafael Delgado, siempre que este no las satisfaga. En concreto, se piden algo más de 24,1 millones de euros, de los cuales 11,2 millones serán solidariamente con Iberdrola Renovables de Castilla y León, 7,84 millones de euros solidariamente con Sinae Inversiones Eólicas y cinco millones más, también solidariamente, con Parque Eólica la Boga.
La mayor de las penas, 42 años y una multa de 239 millones de euros, es la solicitada para Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, como cabecilla de la trama al dictado de las indicaciones del entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva, ya fallecido. Le siguen los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con doce años y multas de 68 y 14,5 millones de euros, respectivamente; el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de euros de multa; y César Hernández, con siete años y 1.888.000 euros.
En la lista de imputados figuran otros ocho con seis años de cárcel como petición de pena. Entre ellos, Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables, al que se piden 100 millones de euros de multa; Rafael Icaza, también de Ibercyl, con idéntica petición de multa; Francisco Esgueva, al que se piden 60 millones; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa, a los que se piden 45 millones de euros de multa; Pedro Barriuso, de Biovent, 100 millones de euros de multa; y el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz, expuesto a una multa de ocho millones. Para María del Mar Moreno, esposa de Alberto Esgueva, interesa cuatro años de cárcel y 215.000 euros.
La supuesta ‘trama eólica’ tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables, particularmente el eólico, era clave para diversificar actividades en la Comunidad Autónoma, regulado con un importante marco jurídico y retributivo estable. Por ello, decidió favorecer la entrada de empresas castellano-leonesas en las promotoras de parques eólicos.
Exigir la Participación Local
El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían posibilidades de obtener la autorización, ya sea por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes o por encontrarse en zonas sin competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto, bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización. Esta participación debía ser cercana al 40 por ciento.
El siguiente paso era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación, como Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo, o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.
Con el fin de lograr su propósito, Rafael Delgado, según el auto del instructor, indicó al director general de Energía y Minas, el ya fallecido Manuel Ordoñez, que elaborase una instrucción para que las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales, a quienes correspondía legalmente, sino que él tuviera la potestad de otorgarlas.
Hasta que la participación no estaba garantizada, no se autorizaban los parques eólicos. Para justificar esta paralización, Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo, denominada competencia por evacuación, que solo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es aquí donde el auto detalla a todos aquellos empresarios a los que Delgado beneficiò con la autorización de las tramitaciones.
Entre los más beneficiados figura el empresario Alberto Esgueva, quien a raíz de un convenio suscrito en 2004 entre San Cayetano Wind SL e Iberdrola, logró la suma de 47 millones de euros, a cambio de una mínima inversión de 24.000 euros tras vender a la eléctrica su participación en Energía Global Castellana.
Instrucción 4 abrió en su momento una investigación sobre supuestas ‘mordidas’ por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad durante el periodo 2000-2015. En esas pesquisas se llegó a investigar a una veintena de personas, entre exaltos cargos de la Junta, técnicos y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal.