MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) – El Partido Popular (PP) ha responsabilizado a la Ley de Vivienda, aprobada en 2023, de haber eliminado del mercado de alquiler residencial más de 120.000 pisos. Según la formación, esto se debe al incremento de la «inseguridad jurídica», por lo que solicitará la próxima semana al Congreso su derogación.
En concreto, el PP defenderá en el Pleno de la Cámara Baja una moción que es consecuencia de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria. La moción sostiene que, como resultado de la ley pactada por PSOE, Podemos, ERC y Bildu, muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles del mercado o trasladarlos al alquiler temporal.
«El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras y la clase media están siendo expulsadas de los centros urbanos», señala el PP.
Ponen de Ejemplo a Cataluña
Como ejemplo de las consecuencias perjudiciales de esta norma, el PP menciona el caso de Cataluña, la primera comunidad autónoma en aplicar medidas de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler. Según datos de Idealista, citados por el PP, los precios en la región han subido un 8,7% en el último año, y de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. En Barcelona, por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, en comparación con las 77 que se registraban antes de la entrada en vigor de la norma.
Por estas razones, el PP exige la derogación de una ley que consideran «intervencionista», y que está generando «inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquiocupación».
Lucha Contra la ‘Okupación’
El PP también aprovecha su iniciativa para alertar sobre el «fenómeno creciente de la ocupación ilegal». Según datos del Instituto de Estudios Económicos, compartidos por el grupo, actualmente hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los afectados ni siquiera denuncia, debido a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.
Ante esta situación, el PP demanda acabar con la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación, asegurando que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean desalojadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Además, el Grupo Popular ha incluido otros dos puntos en su moción para solicitar medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda para los jóvenes, y la creación del «Proyecto Residencial Estratégico» para unificar los trámites de las fases de planificación, gestión y ejecución, reducir los plazos de construcción de diez a cuatro años, y destinar la mitad de las viviendas que se construyan bajo esta figura a vivienda asequible.