SEVILLA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) – La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha presentado una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, se alega, habría estado «implicado» en la muerte de la menor, que ocurrió el 14 de octubre.
Según informó el tío de la familia, Isaac Villar, ciertos indicios de las diligencias realizadas por la Fiscalía sobre la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro educativo llevan a concluir «sin lugar a dudas» la posible implicación de los mencionados docentes, dada su «falta» de actuación ante el presunto acoso que podría haber sufrido Peña.
Por esta razón, la familia decidió presentar la querella que alega que los implicados habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante. Villar había expresado anteriormente que hay «motivos más que suficientes» para esta querella, destacando que «no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunciaron los hechos y se presentaron los informes psicológicos de Sandra».
En cuanto a la vía administrativa iniciada por la Junta, el portavoz enfatizó la necesidad de reunirse con la consejera de Educación, Carmen Castillo. «Nos emplazaron a estos primeros días de enero para darnos una cita y una fecha concreta para recibir a los padres de Sandra y explicarles en qué punto se encuentra ese tema», añadió.
Villar también comentó que «creemos que sería importante que hubiera una sanción contundente y ejemplar, porque si no tomamos medidas serias, posiblemente estos casos sigan repitiéndose. Nada de lo que se haga nos va a reparar el daño, pero por lo menos que haya medidas serias y que esto no se repita».
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de ellos se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo busca evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo donde estudió la víctima.
Desde la dirección del colegio privado concertado se ha pedido «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa» en torno al caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes en varias ciudades de España para manifestarse contra el acoso escolar y el «monstruo del bullying». Las movilizaciones fueron convocadas en 55 ciudades en el marco de una huelga estudiantil.