La Fiscalía Provincial de Madrid ha criticado los argumentos del juez Juan Carlos Peinado que sugirieron el enjuiciamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la Fiscalía, los argumentos presentan «hipótesis» sin fundamento, «meras conjeturas» y «aseveraciones carentes de base». En un escrito al que ha tenido acceso, el Ministerio Fiscal afirmó que los hechos por los que se investiga a Gómez «no son constitutivos» de delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida ni malversación de fondos públicos. Estos delitos fueron motivo para que Peinado propusiera el juicio con jurado popular no solo para Gómez, sino también para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La Fiscalía ha solicitado el archivo del caso ante la Audiencia Provincial de Madrid, argumentando que «no son constitutivos de infracción penal». Además, pide la absolución de los tres investigados en caso de que el tribunal superior decida abrir un juicio oral y anticipa que, si esto sucede, presentará un escrito de conclusiones absolutorias provisionales.
El Ministerio Público sostiene que la decisión de Peinado de dejar a Begoña Gómez a un paso del banquillo refleja «manifiesta y deliberada confusión de hechos» en la caracterización del delito de tráfico de influencias, lo que podría deberse a la inexistencia de tales delitos.
NINGÚN «BENEFICIO» POR EL ‘SOFTWARE’ NI FAVOR PARA BARRABÉS
Al respecto, la Fiscalía argumenta que el magistrado está «forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas» como si se tratara de una «trama u organización criminal». Además, defiende que respecto a un ‘software’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), «ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente» y que la universidad no ha sufrido pérdidas patrimoniales a causa de las actividades desarrolladas.
Asimismo, la Fiscalía señala que la cátedra de la UCM que co-dirigió Gómez «no generó gastos» para la universidad, sino ingresos, y que los fondos recabados no fueron a parar a su patrimonio personal, sino que se destinaron al curso y al ‘software’.
Por otro lado, la Fiscalía considera que no existe «base mínima» para afirmar que Begoña Gómez ejerció una «influencia» o «incidencia determinante» a través de cartas de recomendación a las empresas de Juan Carlos Barrabés para obtener adjudicaciones públicas. Atribuirle tal influencia «carece de base indiciaria mínima» y «no existen datos que avalen otro tipo de actuación de influencia», señala.
NO ES CIERTO QUE EL DINERO DE LA CÁTEDRA FUE A PARAR A GÓMEZ
En cuanto al presunto delito de corrupción en los negocios, el Ministerio Público concluye que «no es cierto» que ninguna cantidad aportada por las sociedades a la cátedra haya terminado en el patrimonio personal de la esposa del presidente, argumentando que la contraprestación o ventaja competitiva que mencionaba Peinado «ni consta ofrecida en ninguna forma ni constan efectuadas».
El Ministerio Fiscal también se ha pronunciado sobre una imputación hecha por Peinado en un auto del 11 de abril, donde afirmaba que el «patrocinio» a la cátedra por parte de ciertas empresas podría ser «la fachada» para una «retribución encubierta» vinculada a futuras ventajas privadas o comerciales indebidas en relación con adjudicaciones públicas relacionadas con el presidente del Gobierno.
La Fiscalía describe esta imputación como «una mera conjetura, una hipótesis carente de base» y critica la falta de base en las justificaciones ofrecidas a lo largo de dos años de instrucción, sugiriendo que se trata de presunciones y conjeturas.
Finalmente, en cuanto a Cristina Álvarez, la asistente de Gómez, la Fiscalía considera que su participación en reuniones, el envío de correos y la organización de eventos no son suficientes para justificar la imputación penal por los delitos en investigación. La acusación popular, liderada por la organización Hazte Oír, ha solicitado la apertura de juicio y 24 años de cárcel para la esposa del jefe del Ejecutivo, así como la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte por «evidente riesgo de fuga».
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