La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha advertido recientemente que cualquier gobierno autonómico que tenga la «tentación» de aplicar la ‘prioridad nacional’, propuesta por Vox para priorizar a los españoles en el acceso a prestaciones públicas, se encontrará con el Gobierno de España en su contra. «Lo vamos a combatir no solo políticamente, sino también a través de los mecanismos que permite la ley, que es denunciar ante el Tribunal Constitucional (TC) los incumplimientos de la Constitución», afirmó Morant.
En un contexto estrictamente valenciano, ha predecido que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, «volverá a plegarse» a las exigencias de Vox, afirmando que el actual presidente del PPCV «ha sido el gran promotor de los acuerdos con Vox». Las declaraciones se realizaron antes de la inauguración de una jornada sobre resiliencia climática, un día después de que Vox registrara en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación urgente instando al Consell a solicitar al Gobierno garantizar «la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles». Esta propuesta incluye establecer este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos o programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.
Morant calificó como «enorme cobardía» la demanda de Vox al Gobierno de España para implementar la ‘prioridad nacional’, argumentando que su postura se debe a que no desean «retratarse a nivel autonómico», donde tienen una mayoría clara y donde Vox y el Partido Popular «se han entendido a la perfección». En cualquier caso, garantizó que el Gobierno no aplicará «un marco que es absolutamente inconstitucional, xenófobo y racista», del que Amnistía Internacional ha afirmado que «incumple con los derechos humanos y con el derecho de igualdad y no discriminación que recoge la Constitución». Subrayó también que «defender España es defender la Constitución y la legalidad».
«NACIONALISMO FASCISTA»
Diana Morant añadió que «no solo no vamos a hacer caso a ningún tipo de declaración que salga de cualquier parlamento autonómico, sino que aquellas autonomías que tengan la tentación de aplicar cualquier medida que vaya contra la Constitución, tendrán el Gobierno de España enfrente». Lamentó que estas iniciativas «ya dividen a la sociedad en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, simple y llanamente por ese nacionalismo fascista que tienen algunos».
En relación a si cree que PP y Vox acordarán en la Comunitat Valenciana aplicar la ‘prioridad nacional’, tras los pactos de investidura alcanzados en Extremadura y Aragón, Morant afirmó que «muy probablemente», ya que el señor Pérez Llorca ha sido el «gran promotor de los acuerdos con Vox». Recordó «el pacto de la vergüenza» firmado tras las elecciones autonómicas de 2023 entre PP y Vox para investir presidente a Carlos Mazón, en una mesa donde «estaba sentado Pérez Llorca» entonces como síndic del PP en Les Corts. «Cerraron ese acuerdo con un torero y con un maltratador condenado y, en definitiva, no ha cambiado nada», dijo en alusión al exvicepresidente Vicente Barrera y al diputado de Vox Carlos Flores, respectivamente.
Morant enfatizó que «no ha cambiado nada o hemos ido a peor, porque la situación del Partido Popular en la Comunitat Valenciana es de mayor debilidad que cuando empezó la legislatura». Hizo referencia a la dimisión de Mazón y a «todas las cesiones» del PPCV a Vox «para no convocar elecciones», asegurando estar «absolutamente segura de que Llorca se volverá a plegar, por su situación de debilidad, a todas las exigencias de Abascal y a todas las exigencias de Vox».
La ministra expresó que esta situación no es algo que «merezca» la Comunitat y que el Gobierno y el PSPV «combatirá». Según Morant, «hay una alternativa y hay otro modelo de sociedad que sí representa a los valencianos y a las valencianas, y es el que yo voy a tratar de luchar aquí».
Finalmente, en referencia a los pactos alcanzados en Aragón y en Extremadura, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades señaló que «por el momento tenemos un texto», acuerdos de investidura, pero subrayó que «cuando empiecen a convertirlo en medidas reales que incumplen la Constitución» no habrá «ninguna duda de que el Gobierno de España lo va a combatir» a través del Tribunal Constitucional. Como ejemplo, recordó «la mal llamada Ley de Concordia» aprobada en la Comunitat Valenciana entre PP y Vox para sustituir la Ley de Memoria Democrática, que fue «anulada por el Tribunal Constitucional de manera cautelar porque hay un recurso por parte del Gobierno de España».