ZARAGOZA, 12 sep. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Aragón y el grupo parlamentario de Vox han vuelto a chocar este viernes en el pleno de las Cortes autonómicas por la inmigración y la acogida de menores migrantes. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha comparado a Vox, liderado por Santiago Abascal, con Junts, advirtiendo: «No voy a permitir que ustedes hagan un circo del sistema de protección de menores porque mi obligación es protegerlo, vengan de donde vengan los menores».
Durante una interpelación formulada por el diputado de Vox, David Arranz, Susín le ha instado a «decir claramente si lo que quiere es que el Gobierno de Aragón incumpla la ley», sugiriendo que esto implicaría reconocer que «Vox es un partido populista y que se mueve al margen de la ley, exactamente igual que Junts».
La consejera insistió en que el Gobierno aragonés «cumplirá la ley», aunque «seguirá recurriendo todos los actos administrativos derivados de una ley que consideramos inconstitucional». En este sentido, hizo referencia al reparto obligatorio de menores migrantes desde Canarias y las ciudades autónomas, indicando que se trata de «un reparto interesado, en beneficio único de Pedro Sánchez y la cesión al chantaje de los independentistas».
Críticas de Vox sobre la inmigración
El diputado de Vox, David Arranz, comenzó su discurso recordando al activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado recientemente en Utah, EE. UU., a manos de «los intolerantes izquierdistas y ‘woke’ que no soportaban su discurso por ser patriota, católico y conservador». Arranz subrayó que la inmigración ilegal «masiva» genera un creciente rechazo en la sociedad, a lo que el Partido Popular responde de forma «moderada y tibia», aunque afirmó que «empiezan a cambiar poco a poco su discurso», no por convicciones, sino motivados por encuestas y estudios. «Sólo Vox se mantiene firme en su discurso contra la inmigración masiva, desordenada y la sustitución poblacional», destacó Arranz.
Servicios sociales, «primero para los nacionales»
Arranz defendió que los servicios sociales deberían ser «primero para los nacionales de origen», enfatizando: «No somos ni queremos ser los servicios sociales de Marruecos, de Argelia, de Mali o de Mauritania». Además, expresó su preocupación porque «se dediquen más recursos para atender a la inmigración ilegal», en particular a los ‘menas’ (menores extranjeros no acompañados), que a los aragoneses más necesitados y frágiles. Comparó cifras sobre los costos de atención a personas mayores y dependientes, argumentando que la consejera ha usado datos «desactualizados».
El representante de Vox también definió la «llegada masiva» de inmigrantes como un «sucio negocio» que beneficia «a las mafias de tráfico de personas» y a ONGs como Accem, Apip-Acam o Cruz Roja. «Por eso hablábamos de hundir el Open Arms, no nos referíamos a hundir el barco con su tripulación e inmigrantes, sino a acabar con el negocio de taxi de las mafias», subrayó Arranz, añadiendo que sería «una lástima desperdiciar un barco que podría ser confiscado y servir para deportar inmigrantes ilegales».
Por otro lado, celebró que el Gobierno de Aragón recurra los repartos de «cientos de menas», aunque criticó a los populares por no abordar «la raíz o el fondo de la cuestión», es decir, el hecho de tener que aceptarlos. Arranz insistió en la necesidad de realizar pruebas forenses para determinar la edad, sugiriendo que «más de un 80% de ellos son mayores de edad». «Dejen de sostener que España necesita a millones de extranjeros para incorporarse al mundo laboral y sostener nuestras pensiones, porque tenemos casi 3.000.000 de parados», concluyó.
Un gobierno serio cumple las leyes
En su respuesta, Susín reafirmó que el Ejecutivo se opondrá «con todas las herramientas del Estado de derecho» a la «imposición» de este reparto, considerando que viola competencias autonómicas y se utiliza a los menores migrantes por parte del Gobierno de España para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en el poder. «Un Gobierno serio cumple las leyes», aseveró, preguntando al diputado de Vox si está pidiendo que el Gobierno de Aragón «no cumpla las leyes». Además, hizo un llamado a los parlamentarios de Vox para que «dejen de lanzar bulos» sobre las pruebas de edad, indicando que todos los menores en el sistema de protección han sido evaluados por el Instituto de Medicina Legal y dispone de un decreto de Fiscalía que determina que son menores: «Ni una sola persona que no es menor entra en el sistema de protección», concluyó.