El pasado 17 de marzo, la huelga general convocada en Euskadi y Navarra por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para exigir un salario mínimo interprofesional (SMI) de 1.500 euros generó una serie de reacciones en el ámbito político. En medio de un ambiente tenso y con incidentes reportados, varios representantes políticos expresaron sus opiniones sobre la legitimidad y las consecuencias de la huelga.
Destrozos en un comercio de la Gran Vía de Bilbao durante la huelga general del 17 de marzo – DAVID DE HARO – EUROPA PRESS
Denuncia del PNV por amenazas y coacciones
La parlamentaria del PNV, Alaitz Zabala, denunció que durante la huelga no se respetó el derecho a no hacer huelga, calificando de «grave» que existan aún quienes piensan que la intimidación es una herramienta válida para alcanzar objetivos. «Algunos piquetes no son informativos, sino intimidatorios, invitando a cerrar comercios», explicó en el Parlamento.
Zabala también criticó a ciertos bares que cambiaron su día de descanso para aparentar que participaban en la huelga y afirmó que tales actitudes «no deben permitirse en una sociedad democrática». Por otra parte, manifestó su apoyo a la creación de un SMI propio y su deseo de que, al jubilarse, su pensión sea asumida por el Gobierno vasco en lugar del español.
EH Bildu evalúa la huelga como positiva
Desde EH Bildu, el parlamentario Gorka Ortiz de Guinea defendió la huelga como un ejercicio necesario para lograr derechos laborales, señalando que «ninguno de esos derechos ha caído del cielo». Según Ortiz, la movilización mostró una parte significativa de la población de Euskal Herria que valora la reivindicación de un SMI propio y el reparto equitativo de la riqueza.
En contraste, el parlamentario del PSE-EE, Adrián Fernández, expresó su respeto por el derecho a la movilización, aunque cuestionó si las demandas de la huelga realmente representaban a todos los trabajadores, sugiriendo que se estaba mezclando la legítima mejora de salarios con agendas partidistas, incluyendo el independentismo. Fernández subrayó que romper el marco común del SMI no es el camino adecuado.
Advertencias sobre desigualdades
Fernández destacó que el SMI es una «herramienta de solidaridad» entre los trabajadores de España y fragmentarlo por territorios podría derivar en desigualdades. Afirmó que las propuestas de un SMI autonómico provienen tradicionalmente de sectores empresariales que buscan debilitar la posición laboral.
El representante socialista enfatizó que un amplio porcentaje de trabajadores ya está protegido por convenios colectivos, lo que les permite tener salarios superiores al SMI. «Esa es la realidad que funciona en este país», concluyó.
Críticas del PP y alerta sobre el «euskofascismo»
Desde el PP, la parlamentaria Muriel Larrea expresó su respeto por el derecho a la huelga, pero criticó a la «ultraizquierda independentista», representada por EH Bildu, acusándola de promover un «movimiento euskofascista» que impide trabajar a quienes desean hacerlo. Larrea señaló que tales movimientos afectan a un 80% del trabajo en el sector privado que depende de autónomos y pymes.
Además, advirtió sobre el déficit de 4.500 millones de euros que enfrenta el País Vasco para el pago de pensiones, afirmando que, «si tenemos que pagar solo las pensiones de los vascos, no podremos pagar ninguna». Instó a la legalidad y a que no haya movimientos que perjudiquen a aquellos que trabajan arduamente para mantener sus negocios.
Vox condena la violencia en la huelga
Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, calificó de «lamentable» el comportamiento durante la huelga, donde, según su declaración, se usó la violencia para forzar la paralización de negocios. Martínez sugirió que las acciones de los sindicatos convocantes estaban más centradas en su propia supervivencia que en los intereses del conjunto de la sociedad.
Reiteró que el Gobierno Vasco no tiene la capacidad legal para establecer un SMI independiente, por lo que calificó la huelga de «política de ultraizquierda», identificando a «chavales agresivos» que presionaban a los autónomos a cerrar sus puertas. Acusó a estos estudiantes de no conocer el duro trabajo que es sostener un negocio, y que el cierre temporal de las persianas durante la manifestación fue consecuencia de la violencia y los destrozos asociados, muchos de los cuales eran atribuibles a la izquierda abertzale.