El 16 de septiembre de 2025, el Partido Popular (PP), Vox y Junts se unieron nuevamente en el Pleno del Congreso para provocar una nueva derrota al Gobierno de coalición, tumbo la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Sumar, que proponía la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción. Esta decisión representa un revés considerable para el Ejecutivo, conformado por el PSOE y Sumar, que ya había experimentado dificultades en la semana anterior cuando estas mismas fuerzas políticas detuvieron la tramitación de otro proyecto de ley enfocado en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz.
El contexto de la votación
El texto de la ley para la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción había recibir el apoyo de todos los socios de investidura, excepto Junts, que votó en contra. Además, el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, optó por la abstención durante la votación. Esta situación evidencia la polarización actual en el ámbito político español y el desafío constante que enfrenta el Gobierno en la materia legislativa.
Objetivos de la proposición de Sumar
La propuesta de Sumar incluye la creación de un nuevo organismo de derecho público, dotado de personalidad jurídica propia, independencia orgánica y funcional, y plena capacidad de actuación para cumplir sus fines. Esta entidad estaría encargada de prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción, así como el fraude y el manejo irregular de fondos públicos. Su finalidad es asegurar que se eviten conflictos de intereses y el uso indebido de información pública en beneficio privado.
Funciones y principios de la Oficina
La nueva Oficina también tendría como misión fomentar valores y principios de integridad pública, impulsar una cultura de buenas prácticas y promover el buen gobierno entre la ciudadanía. Adicionalmente, se buscaría abordar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y actuaciones administrativas.
Régimen sancionador propuesto
La proposición de ley incluía un régimen sancionador que abarca infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves, un sistema de prescripción de sanciones y la creación de un Registro Central de Infracciones, que se encontraría bajo la supervisión del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Este enfoque pretende establecer un marco claro y riguroso para combatir la corrupción y contribuir a la transparencia en la gestión pública.