MURCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) – El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PP de la Región de Murcia, Joaquín Segado, ha denunciado este viernes, junto al vicesecretario de Política Municipal, Víctor López Abenza, que «la frivolidad e imprevisión del Gobierno de Pedro Sánchez en la regularización masiva de inmigrantes está llevando el caos a los servicios públicos de los ayuntamientos».
Segado ha exigido al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, «que abandone el postureo y la propaganda y dé la cara de una vez», y le ha preguntado «qué servicios tienen que dejar de prestar los ayuntamientos para poder atender las colas de las miles de personas que están llegando como consecuencia de la irresponsabilidad de su jefe».
El dirigente ‘popular’ ha incidido en que la situación actual provoca «largas colas, retrasos en trámites urgentes como dependencia e infancia, teléfonos saturados y profesionales que trabajan sin instrucciones, sin medios y sin seguridad jurídica», fruto de una forma de gestionar basada, según sus palabras, en la «improvisación» y el «sectarismo».
Asimismo, ha señalado que en el Gobierno regional «defendemos una inmigración ordenada y regular» y ha insistido en que «quien quiera venir a trabajar con un contrato laboral tiene las puertas abiertas; quien delinque, no».
La Federación de Municipios solicitará una reunión con Lucas
Por su parte, Víctor López Abenza ha manifestado que los alcaldes y alcaldesas «nos sentimos abandonados por la delegación del Gobierno» y ha señalado que, aunque los ayuntamientos cumplen con la inclusión y los servicios sociales, resulta «tremendamente difícil» cumplir los objetivos del decreto de regularización en solitario.
Como presidente de la Federación de Municipios de la Región, López Abenza ha informado de la convocatoria de su Comité Ejecutivo y Comisión Ejecutiva para el próximo lunes a las 11:30 horas.
El objetivo es solicitar una reunión «de forma inminente» con Francisco Lucas para «planificar, homogeneizar y abordar de forma conjunta las consecuencias de la aplicación del decreto del Gobierno de Pedro Sánchez» y exigir soluciones que acaben con el colapso administrativo.