LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) – El Fiscal solicita una pena de 4 años de cárcel para el exdirector gerente de un grupo vinícola que se apropió de importantes cantidades de dinero de su empresa sin justificar, para su propio beneficio. Además, cargó en las cuentas de la sociedad gastos por múltiples viajes que no guardaban relación con su actividad comercial. Se estima que el acusado pudo defraudar más de 1.900.000 euros.
El juicio tendrá lugar el próximo 17 de marzo, a partir de las 10:00 horas, en la Audiencia Provincial de La Rioja.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso, el acusado, J.B.O., mayor de edad y sin antecedentes penales, fue director gerente y consejero delegado de un grupo vinícola riojano durante más de 11 años hasta que en el año 2014 se le despidió.
Por sus cargos, J.B.O. tenía asignadas retribuciones importantes que podían aumentar con ingresos extraordinarios. Además, disponía de tarjetas ‘VISA’ de acuerdo a las prestaciones laborales que realizaba y siempre en beneficio de la empresa.
La calificación explica que durante cuatro años —de 2010 a 2014— este, en perjuicio de la sociedad y de sus miembros, realizó retiradas de efectivo y lo hacía sin justificación por un importe de 267.815,90 euros, con el ánimo de apropiarse de esas cantidades.
Las retiradas se realizaban desde cuentas bancarias o de la caja de la empresa y eran registradas como gastos «sin ninguna facturación o recibo o liquidación de gastos».
VIAJES QUE NO GUARDABAN RELACIÓN CON LA EMPRESA
Además, cargó en las cuentas de la sociedad —a través de varias tarjetas y aprovechándose de las mismas en beneficio propio para la realización de múltiples viajes que no guardaban relación con la empresa— 512.000 euros en un cargo y 421.000 euros en otro.
También percibió en concepto de una asesoría realizada por una consultoría, sin justificar, un importe total de 722.130,14 euros.
Para el Fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de administración desleal y otro continuado de apropiación indebida, por lo que procede imponer al acusado la pena de 4 años de prisión, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros. Además, por responsabilidad civil, deberá indemnizar a la empresa en la cantidad defraudada.