Zaragoza, 18 de septiembre de 2025 (Europa Press) – La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha calificado de «esperpéntico» lo que ha sucedido en las reuniones de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud. Susín ha señalado que el diálogo «es imposible» debido a que «hay una parte que no quiere», refiriéndose al Gobierno de España.
En una rueda de prensa, Susín hizo estas declaraciones en relación a la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia programada para el 24 de septiembre, que el Ministerio pretende realizar a través de correo electrónico. «Asistiré a la silla de mi despacho, ya que me han citado por correo electrónico, pero lo analizaremos», indicó la consejera.
Además, subrayó que es inaceptable convocar una conferencia de este tipo con un real decreto cuestionado por todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha (PSOE). «No se nos ha permitido discutir y votar en un punto del orden del día que era decisivo», lamentó Susín. Para ella, lo que ha ocurrido en estas conferencias ha sido «esperpéntico» y criticó la postura del Ministerio al respecto.
Susín también argumentó que el Gobierno de España ha tomado decisiones sin consultar adecuadamente a las comunidades autónomas, imponiendo un reparto de menores migrantes no acompañados «con datos que todavía desconocemos». Expresó su esperanza de que el Tribunal Supremo exija al Gobierno de España y a otras autonomía que se quedaban fuera del reparto que se pronuncien sobre el asunto. La consejera recordó la crisis humanitaria en Canarias y en Ceuta, y destacó el acuerdo de acogida voluntaria de 2022.
«Goteo» de expedientes
Sobre el número de expedientes relacionados con menores migrantes no acompañados que el Gobierno de Aragón ha recibido, Susín informó que se trata de 13 casos, ocho de Canarias y cinco de Ceuta, aunque «van goteando y no tenemos información». Aseguró que desde el Servicio de Protección a la Infancia se trabaja para identificar las necesidades de cada menor y los recursos adecuados para su atención.
Finalmente, la consejera expresó su desacuerdo con la ley en cuestión y su intención de impugnarla en los lugares necesarios, aunque reconoció que su obligación es cumplirla. Se presentarán alegaciones para cada uno de los actos derivados del real decreto, y eventualmente se recurrirá ante la justicia si es necesario. También criticó la falta de comunicación del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, al no haber solicitado reunión con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales durante su visita a Aragón.