ZARAGOZA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) – El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha augurado este martes «muy poco éxito» al futuro Gobierno de Aragón de coalición entre PP y Vox. Torres recordó que estos partidos «tienen que cumplir con la Constitución», lo que incluye la obligación de acoger a los menores migrantes no acompañados que les corresponden desde las zonas de contingencia migratoria, actualmente Canarias, Ceuta y Melilla. «Hoy no es un buen día para Aragón», lamentó.
El ministro enfatizó que para el nuevo Gobierno, «quizás la prioridad nacional es ir contra la Constitución», haciendo referencia a las declaraciones del portavoz autonómico de Vox, Alejandro Nolasco, quien afirmó que «no va a recibir a ningún menor». Torres instó a los líderes nacionales del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, a aclarar si están dispuestos a ir en contra de la Carta Magna.
En declaraciones a los medios antes de un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo en Aragón, y coincidiendo con el inicio del debate de investidura de Jorge Azcón en las Cortes de Aragón, Torres defendió que la «prioridad nacional» para el Gobierno central debe ser garantizar el empleo, hacer de España un motor económico, promover energías limpias y asegurar una inmigración regulada.
El ministro ha reprochado al PP su «hipocresía», ya que regularizó a medio millón de personas entre 2000 y 2001, cuando Feijóo era presidente de Correos. Criticó que ahora intenten poner «palos en las ruedas» porque lo hace un gobierno de otro color político, argumentando que es necesario para el Estado del bienestar y un gesto de justicia. «Prioridad nacional es defender los Derechos Humanos y no poner obstáculos cuando los menores no acompañados deben ser distribuidos por el país», añadió.
Incoherencia de Vox
En este contexto, Torres subrayó que Vox salió de los gobiernos autonómicos en el verano de 2024 porque el PP aceptó la redistribución de 300 menores procedentes de las islas, y ahora retoran a ellos «cuando hay, y eso está bien hecho, miles de menores que estaban en Canarias, Ceuta y Melilla en el conjunto del país». «Vaya incoherencia. Se van cuando eran 300, regresan cuando hay miles», puntualizó.
Agregó que lo hacen «diciendo que no van a aceptar a ninguno más», a lo que respondió que el Gobierno de España continuará defendiendo los Derechos Humanos y «dándole la respuesta digna a cualquier menor», ya que «todos los menores son iguales, independientemente de su origen, con las mismas ilusiones y sueños, y deben tener oportunidades iguales».
Además, el ex presidente de Canarias mencionó que Jorge Azcón convocó elecciones anticipadas «para depender menos de la ultraderecha y hoy depende más». «Lamentablemente, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de derechas para convertirse en un partido de derecha ultra, que está absolutamente mimetizado con la ultraderecha. Son exactamente lo mismo», añadió.
Torres también reiteró que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para redistribuir menores migrantes desde comunidades en contingencia migratoria es «igual para todos», incluyendo «una distribución objetiva» en función de la población y un proceso «garantista» con la participación de la Fiscalía. «Y esto va a seguir siendo así», advirtió.
No hay «efecto llamada»
En relación a la regularización extraordinaria de migrantes, se remitió a los datos manejados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, señalando que en el Ejecutivo central se serán «absolutamente transparentes», ya que es una cuestión «clave tanto en lo humanitario como en la estructura del Estado del bienestar».
Torres aseguró que esto no solo lo dice el Gobierno de España, sino también la Iglesia, el Consejo Económico y Social y la patronal, que consideran necesario regularizar a las personas que ya están en el país. Desmintió así «bulos» sobre la existencia de un «efecto llamada», ya que el proceso solo afecta a personas que «llevaban meses en el país antes de finalizar el año pasado».
Finalmente, reconoció que el proceso «tiene lógicamente sus dificultades administrativas», con más de 140.000 personas acogidas según los últimos datos, pero que se está trabajando «con el mayor esfuerzo de los empleados públicos y de quienes colaboran en ello». El ministro extendió su agradecimiento a las administraciones que «están ayudando», en contraste con otras que «están poniendo dificultades y haciendo que haya colas innecesarias», aludiendo también al Ayuntamiento de Zaragoza. «Tomemos entre todos las mejores medidas para evitar incomodidades a las personas que piden papeles o desean registrar su solicitud», concluyó.