Los sindicatos UGT FICA Almería y CCOO Industria de Almería han advertido que están dispuestos a convocar huelga si no se produce un «desbloqueo inmediato» en las negociaciones para la renovación del convenio colectivo del sector del manipulado hortofrutícola en la provincia. Este sector emplea a unas 30.000 personas y su situación actual es motivo de preocupación, especialmente después de más de un año y medio de negociaciones sin avances significativos.
Los delegados del sector se manifestaron en Campohermoso, Nájera, donde se lleva a cabo la feria agrícola Expolevante. Durante la protesta, expresaron su descontento ante lo que consideran una «actitud inmovilista» de la patronal, que incluye Asempal Agricultura, Coexphal y Ecohal. La nota emitida por los sindicatos resalta que el acuerdo marco se encuentra caducado desde finales de 2024 y piden «más altas miras» a los empresarios para garantizar la dignificación de los trabajadores.
A pesar de las reuniones continuas, que ya suman 14 encuentros, las partes no han llegado a un acuerdo debido a posturas alejadas. Desde la representación empresarial se han argumentado propuestas «realistas» adaptadas a los incrementos de coste y al salario mínimo interprofesional (SMI). Sin embargo, los sindicatos afirman que los derechos laborales de miles de trabajadores permanecen «secuestrados» en un sector esencial para la economía de la región, donde se producen más de 35.000 millones de euros, pero donde los trabajadores solo reciben precariedad laboral.
El manipulado hortofrutícola es un pilar económico en Almería, generando riqueza y liderando las exportaciones en Europa. No obstante, las condiciones laborales se caracterizan por salarios bajos y un convenio caducado que no se ajusta a la realidad actual del mercado laboral ni al incremento del coste de vida. Los sueldos en este sector a menudo se limitan al salario mínimo interprofesional, lo que resulta preocupante en un contexto donde el IPC ya supera el 3%.
CCOO y UGT consideran inaceptable la propuesta de la patronal, que sugiere extender el convenio hasta 2030 con subidas salariales mínimas y aplazadas, además de medidas que podrían empeorar aún más las condiciones laborales, como el incremento de la jornada semanal. Actualmente, muchos trabajadores se enfrentan a jornadas de 46 horas a la semana, y la patronal ha solicitado que estas se amplíen a 48 e incluso 54 horas, argumentando que la flexibilidad debe ser mayor.
Con este panorama, los sindicatos demandan un convenio «justo» que garantice condiciones dignas, proponiendo una jornada de 40 horas semanales, salarios por encima del SMI y una regulación que limite la jornada irregular. El sector, caracterizado por su alta feminización, con más del 80% de representación femenina y una notable presencia de migrantes, se enfrenta a largas jornadas de trabajo, escasa conciliación familiar y una alta incidencia de problemas de salud laboral, en especial trastornos musculoesqueléticos.
El futuro del sector depende de las próximas decisiones en las negociaciones, donde la voz de los trabajadores y sus representantes es fundamental para alcanzar un acuerdo que garantice mejores condiciones laborales.
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