El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su agradecimiento a los representantes empresariales y sindicatos que se han unido a la estrategia del Gobierno autonómico para lograr que el Estado compense económicamente al archipiélago o permita flexibilizar la regla de gasto. En una reciente reunión, Clavijo y el vicepresidente Manuel Domínguez presentaron a las organizaciones económicas y sociales un paquete de 20 medidas que se están considerando para mitigar los efectos del conflicto bélico en la región.
Canarias ha solicitado al Estado compensaciones económicas o la autorización para poder endeudarse y financiar su propio escudo social ante los impactos derivados de la guerra de Irán. En este contexto, Clavijo subrayó la necesidad de un apoyo financiero directo o la flexibilización de las reglas fiscales, argumentando que estas gestiones son críticas para proteger a las familias y empresas canarias.
En el transcurso de la reunión del Consejo Asesor del Presidente, los líderes canarios denunciaron que de las 80 acciones aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes, «muy poco llegará» a Canarias, dado que de los 5.000 millones de euros destinados a estas medidas, se prevé que la comunidad autónoma quede excluida debido a su régimen fiscal específico. “No vamos a permitir bajo ningún concepto que las familias canarias estén en un plano de desigualdad y desprotección frente a las familias del territorio peninsular”, afirmó Clavijo.
Entre las 20 medidas que el Gobierno de Canarias planea activar se destacan el uso del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para reducir los costos de ciertos productos, el IGIC cero en productos de la cesta de la compra, y la devolución del 99% del impuesto sobre el combustible a los transportistas. Estas iniciativas han sido diseñadas para ayudar al sector primario y proporcionar asistencia a las familias más vulnerables.
Injusticia ante medidas estatales
Clavijo y Domínguez expresaron su descontento por la falta de medidas específicas para Canarias dentro del paquete gubernamental adoptado por el Estado. Consideran injusto que las 80 medidas implementadas por el Gobierno de España estén dirigidas únicamente a la península, sin reconocer la particular vulnerabilidad que enfrenta el archipiélago debido a su lejanía e insularidad.
En relación a la supervisión del precio de los combustibles, el Gobierno de Canarias ha decidido establecer un plan de vigilancia para prevenir incrementos abusivos. Manuel Domínguez informó que se ha encargado un estudio para analizar el mercado y detectar posibles prácticas abusivas, y se realizará un seguimiento diario de los precios, anticipando sanciones y la intervención del organismo de competencia si es necesario.
En la reunión también participaron otros miembros del Gobierno, incluyendo a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familia, Candelaria Delgado; y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, entre otros representatives de organizaciones empresariales y sindicales como la CEOE y UGT.
El máximo objetivo del Gobierno de Canarias radica en asegurar que sus ciudadanos gocen de las mismas protecciones que se proponen para el resto del país, en un esfuerzo por mitigar las repercusiones fiscales y sociales del actual contexto bélico que afecta, en particular, a esta isla.