El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de 5.000.000 euros para financiar proyectos locales que fomenten la inclusión sociolaboral de la población más vulnerable de Doñana, así como para llevar a cabo acciones de sensibilización dirigidas a la población inmigrante, especialmente a los temporeros de los asentamientos.
Esta inversión forma parte del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La contribución del área de Inclusión y Migraciones se desglosa en tres actuaciones, con una asignación inicial de 5.000.000 euros para el año 2025, a la que se añadirá un total de 14.000.000 euros en 2026 y 2027, según ha informado el Gobierno.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha declarado que esta medida representa un avance significativo en el Marco de Actuaciones del ministerio, siendo «clave para recuperar el parque nacional y para incluir a quienes desarrollan su actividad económica en torno a él».
Por su parte, la ministra Elma Saiz ha destacado que esta iniciativa es «imprescindible para armonizar la protección del medio ambiente con medidas de inclusión social que mejoren las condiciones de vida de la población local y temporera que reside en este espacio natural».
Estos reales decretos son el resultado de un proceso de diálogo y colaboración con catorce municipios que rodean Doñana: Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa. El pasado 18 de junio se firmaron los protocolos de colaboración con cada entidad local en Sevilla.
A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los ayuntamientos dispondrán de 10 días hábiles para presentar sus proyectos. Posteriormente, se firmarán convenios individuales con cada consistorio en esta área, donde residen más de 209.000 personas y el sector agrario emplea a casi 6 de cada 10 trabajadores.
Actividades de Inclusión Social
Las subvenciones del Real Decreto para iniciativas locales en el ámbito de la inclusión social se destinarán a implementar o mejorar los sistemas de triaje social en los servicios sociales, con el objetivo de mejorar el acceso, personalizar los diagnósticos, reducir la presión asistencial y fortalecer las redes comunitarias. Además, los ayuntamientos desarrollarán itinerarios de inclusión social y laboral personalizados e integrales.
La Secretaría General de Inclusión se encargará del seguimiento y evaluación de los proyectos, y los resultados serán publicados para contribuir a la generación de evidencias en el Laboratorio de las Políticas de Inclusión.
Los itinerarios podrán incluir, entre otras, actuaciones de capacitación laboral mediante formación y orientación laboral, así como impulso del empleo y apoyo en la búsqueda activa de trabajo. También se ofrecerá apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los colectivos más vulnerables, vista desde la perspectiva de género, y se realizarán programas de refuerzo lingüístico para favorecer la adaptación e integración social y educativa.
Adicionalmente, se contemplan actividades para la prevención y reducción del absentismo escolar, iniciativas de mediación y sensibilización en centros educativos y hacia la población en general, incluyendo acciones para fomentar la integración cultural y la sensibilización sobre igualdad de trato y oportunidades. También se brindará acompañamiento en el ejercicio de derechos ciudadanos, apoyo psicosocial para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, así como para víctimas de violencia sexual, y se llevará a cabo sensibilización en materia de racismo, xenofobia y delitos de odio.
Además, el Real Decreto que financiará iniciativas locales para la prevención y sensibilización dirigidas a la población de origen extranjero incluye medidas para fomentar la sensibilización en temas de racismo, xenofobia, delitos de odio y tráfico de seres humanos, así como la explotación y violencia contra mujeres extranjeras. Se impulsará la normalización documental a través del conocimiento de la normativa en materia migratoria, que abarca autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, además de figuras de arraigo.
Como ha enfatizado la ministra, el objetivo es «impulsar estrategias que garanticen la igualdad de trato y no discriminación, e incentivar el respeto a la diversidad y la tolerancia, contribuyendo así al progreso y desarrollo social y económico de cada uno de los municipios de Doñana».