VIGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – Pablo G.G., el principal acusado por el cargamento de casi 3.000 kilos de cocaína en el buque Simione, se ha desvinculado ante el tribunal de esta acusación, asegurando que no era propietario de la nave y que su única función fue gestionar la documentación de los tripulantes durante la travesía desde Angola a Senegal. Afirmó que no era responsable de lo sucedido en la etapa posterior de la travesía, que llevó a la carga de la droga.
En su declaración ante la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Pablo G.G., quien se encuentra en prisión provisional por su supuesto vínculo con la construcción de un ‘narcotúnel’ en Ceuta y tiene una causa pendiente por prostitución lucrativa, explicó que se encargaba de las gestiones administrativas para la explotación del barco Simione.
Su relato indica que entre noviembre y diciembre de 2022, se ocupó de la provisión y documentación de la tripulación, compuesta por siete angoleños y un español (el acusado José Antonio C.R.), quienes zarparon hacia un astillero en Viana do Castelo (Portugal) para una reforma mayor. Sin embargo, hubo problemas burocráticos y de suministro que obligaron al barco a hacer escala en Dakar (Senegal) para cambiar de tripulación, y allí se embarcó otro de los acusados, José Javier F.V.
Desde ese momento, Pablo insistió en que la responsabilidad de la travesía recaía en un tercero, un operador marítimo de Mauritania. En este tramo de navegación, el Simione se desvió hacia Cabo Verde, donde se cargó la cocaína, siendo abordado por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2022.
Pablo G.G. rechazó haber proporcionado coordenadas a los tripulantes españoles para el alijo y negó haberse concertado con otros implicados para el transporte de la droga.
Testimonios de la tripulación
Durante la sesión, también testificó Mabakala P., jefe de máquinas del barco, quien alegó que desconocía el objetivo ilícito de la travesía. Según su declaración, le aseguraron que recogerían piezas de un barco robadas y se enteró de la presencia de los fardos de droga solo cuando los descubrió en la bodega. Intentó documentar la situación con fotos y vídeos, pero no pudo contactar a su familia ni a las autoridades para denunciarlo.
Conclusiones e informes finales
El fiscal, aplicando la atenuante de confesión tardía, ha ajustado sus peticiones de pena para los acusados. Por ejemplo, la solicitud para José Javier F.V. ha pasado de 11 años y medio a 7 años y 3 meses de prisión, junto con dos multas de 110 millones de euros. También se han realizado ajustes para Argentino R.E., quien se enfrenta a 6 años y un día de cárcel tras reconocer los hechos que se le imputan.
Respecto al resto de procesados, el Ministerio Público mantiene peticiones de pena de 13 años para Pablo G.G., 11 años y 9 meses para José Antonio C.R., y 11 años y medio para Mabakala P.
El fiscal argumenta que Pablo G.G. era quien organizaba el narcotransporte, respaldando su postura con las conversaciones y mensajes interceptados, lo que demuestra su papel como cabecilla de la operación, a pesar de sus intentos de desviar la responsabilidad a un tercero.
Defensas
La defensa de Mabakala P. argumentó que su patrocinado debe ser absuelto, ya que la única prueba en su contra se basa en su presencia a bordo, sin evidencias de su conocimiento sobre los planes ilegales. Además, el abogado de Pablo G.G. solicitó la nulidad de actuaciones debido a supuestas irregularidades en la citación de testigos, pidiendo la absolución de su cliente y apuntando a un gestor naval como el verdadero responsable, quien figura en un contrato firmado por Pablo que no fue considerado por la Fiscalía.
Por su parte, el abogado de José Antonio C.R. solicitó que se aplique la atenuante de confesión tardía, enfatizando que su cliente ya había reconocido los hechos en fases anteriores del proceso. El capitán del Simione aseguró que existía otra persona responsable de la operación, pero se abstuvo de proporcionar más detalles por temor a su seguridad y la de su familia.