El Ejecutivo asturiano reunirá la próxima semana a grupos políticos y agentes sociales para reforzar una posición común, firme y coordinada en la exigencia de supresión del cobro en la autopista AP-66.
Convocatoria de la Alianza por las Infraestructuras
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha convocado la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita para el próximo jueves, 23 de abril. Esta reunión se produce tras la decisión del Ministerio de Transportes de inadmitir la solicitud de nulidad de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 sin entrar a analizar el fondo del asunto. Ante esta respuesta del Ejecutivo central, el Principado acudirá a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo para reclamar la eliminación del peaje, conforme a la ilegalidad de la prórroga aprobada por el Gobierno del PP.
Defensa de la Legalidad
Para el Gobierno de Asturias, esta acción no representa una discrepancia de carácter político, sino el ejercicio de una defensa rigurosa de la legalidad, tanto europea como española, ante una decisión que presenta indicios fundados de nulidad radical. La reunión de la Alianza permitirá exponer la estrategia legal y reforzar una posición coordinada con los agentes económicos y sociales, alineándose con los compromisos asumidos en el Manifiesto por la Supresión del Peaje del Huerna.
Hoja de Ruta Clarificada
Esta convocatoria se enmarca en el desarrollo efectivo del manifiesto que han suscrito diversas instituciones y agentes. En particular, la reunión busca coordinar una acción conjunta y activar todas las vías necesarias —jurídicas, políticas e institucionales— para defender los intereses de Asturias. El Ejecutivo autonómico considera que la respuesta del ministerio es decepcionante e insatisfactoria, dado que implica una renuncia a analizar la legalidad de una decisión de relevancia jurídica, económica y social.
Contencioso ante el Supremo
Frente a esta situación, el Gobierno asturiano interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, con miras a lograr la supresión del peaje del Huerna y obtener un pronunciamiento jurídico completo sobre la legalidad de la prórroga. Se sostiene que la prórroga de la concesión hasta 2050 constituye una modificación sustancial del contrato original, al extender su duración en 29 años y alterar significativamente sus condiciones económicas a favor de la concesionaria. Según la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea, este tipo de modificaciones deberían haberse sometido a un procedimiento de licitación pública, lo cual no ocurrió en este caso.
Consecuencias Económicas y Financieras
Además, la ampliación generó ventajas económicas y financieras extraordinarias, como la extensión del periodo de financiación, la mejora de condiciones económico-tributarias y el diferimiento en la devolución de anticipos públicos, alterando el equilibrio económico-financiero del contrato. Tales elementos son corroborados por la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España, así como por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que considera que hay causas de nulidad en la modificación concesional.
Compromiso del Gobierno del Principado
El Gobierno del Principado reafirma así su compromiso con la ciudadanía asturiana, la cohesión territorial y el desarrollo económico, y asegura que continuará impulsando todas las acciones necesarias para restablecer la legalidad y poner fin a una situación que consideran injustificada.
*Foto de la última reunión de la Alianza por las Infraestructuras el 27 de marzo.