El Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla ha ordenado el sobreseimiento y archivo de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río contra varios ex altos cargos de la Consejería de Salud. Entre los denunciados se encontraban las exconsejeras Rocío Hernández y Catalina García, esta última actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. El Juzgado consideró que «no queda debidamente justificada la perpetración de delito alguno».
Contexto de la denuncia
La denuncia fue presentada tras alertar los vecinos de la barriada Guadalquivir de «fuertes olores en el interior de sus viviendas» en septiembre de 2017, lo que llevó a la investigación de posibles delitos relacionados con el medio ambiente y la prevaricación medioambiental.
Detalles del procedimiento
Además de las exconsejeras, el auto menciona al exgerente del Virgen del Rocío y actual delegado territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Manuel Molina Muñoz, como uno de los denunciados. La denuncia apuntaba a múltiples delitos, entre ellos prevaricación omisiva, lesiones, tratos degradantes y delitos contra el medio ambiente. Para esclarecer los hechos, se solicitaron informes a las autoridades competentes en cuanto a las medidas adoptadas ante los incidentes denunciados.
Conclusiones judiciales
Los informes obtenidos indicaron que «no hay riesgo significativo» y que durante la emisión de los tóxicos no se pudo concluir la existencia de un riesgo para la salud. No obstante, esta conclusión no es definitiva y aguarda la presentación de informes forenses que aún están pendientes. En este sentido, el auto aclaró que «no existiendo prevaricación omisiva, tampoco queda probada la relación causal de la inactividad de la administración con las lesiones denunciadas». Asimismo, se destacó la falta de elementos probatorios del trato degradante denunciado.
Reacción de los vecinos
A raíz de esta decisión, se acordó el sobreseimiento provisional y consiguiente archivo de la causa. En declaraciones a la prensa, los vecinos anunciaron su intención de recurrir la decisión al Tribunal Supremo, calificando la situación como un «gravísimo problema de salud pública».
– ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE CORIA DEL RÍO – Archivo