OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para comprometer que su Gobierno «va a ir más allá de las 11 recomendaciones» que se recogen en el informe de la Inspección General de Servicios, que «denota que el Servicio de Minas no funcionaba correctamente». Entre las medidas adoptadas, ha anunciado la recuperación del Servicio de Seguridad Minera, suprimido en 2019.
Barbón ha explicado que tras analizar las 317 páginas del informe, se busca «un refuerzo total y absoluto, sabiendo ya la situación y la necesidad que existe de regenerar total y absolutamente el servicio de Minas». Se ha dejado claro que ha habido un funcionamiento anómalo y defectuoso que no se corresponde con lo que debe ser el funcionamiento de un Servicio.
El presidente ha insistido en que el Ejecutivo asume «todas y cada una» de esas 11 recomendaciones recogidas en el documento e irá «más allá», destacando algunas de las medidas en las que ya están trabajando.
Medidas de Organización Interna
En cuanto a las medidas de organización interna, ha anunciado que, aunque el informe no pide la recuperación del Servicio de Seguridad Minera, sino que solicita una reordenación y refuerzo de los efectivos, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Ciencia, aprobará nuevamente la creación del Servicio de Seguridad Minera en el plazo de dos meses.
Asimismo, se llevará a cabo un refuerzo en la dotación del personal del Servicio de Minas para adecuarlo al nuevo contexto de transición justa, minería verde y materias primas. Además, se publicará anualmente una memoria de inspección minera y se implementará un nuevo programa de inspecciones sin previo aviso.
Medidas Normativas y Derechos Mineros
Respecto a las medidas normativas, ha indicado que en el plazo de un mes se dictarán instrucciones urgentes de aplicación inmediata en varios ámbitos. Uno de ellos será el de los derechos mineros, de tal modo que la consejería desarrollará de manera inmediata una instrucción que será determinante para establecer la motivación de las transmisiones de los derechos mineros, así como la solvencia técnica y económica de las empresas adquirientes.
Suspensión de Nuevos Proyectos de Investigación Complementaria (PIC)
En relación a los proyectos de investigación complementaria, Barbón ha manifestado que el informe no indica que sean ilegales, sino que es necesario establecer un marco normativo al respecto. La Administración no autorizará nuevos PIC hasta que exista dicha regulación normativa.
El Gobierno de Asturias iniciará actuaciones de información previa según la legislación administrativa acerca del contrato presentado por Blue Solving con Combayl, que la Inspección General de Servicios remitió a la fiscalía. También se revisará la rebaja de la cualificación del expediente sancionador a Combayl por el accidente de agosto de 2022 y se analizarán los procedimientos pendientes de resolución administrativa para determinar las causas de esta situación y su posible incidencia en la seguridad o el interés público.
Responsabilidades Políticas
Al ser preguntado si el informe conllevará «responsabilidades políticas», Barbón ha indicado que este documento «es el inicio de un trabajo que llevará mucho tiempo y muchos meses de evaluación», y ha añadido que «seguirán trabajando para determinar todas las responsabilidades».
También ha asegurado a la prensa que la manera de evitar el accidente era que la empresa, Blue Solving, no hubiera incumplido la normativa, ni actuara de manera ilegal con una «actividad clandestina, contraria a derecho y sin ningún tipo de autoridad». En relación a la posible existencia de delitos penales por parte de la Administración, ha reiterado su confianza en la actuación de la justicia.
«Lo que puedo garantizar es que si detectamos que alguna autoridad administrativa o política ha tomado decisiones que inicien un posible delito, la orden estricta es acudir inmediatamente a la fiscalía», insistió Adrián Barbón.
Críticas al Comportamiento del PP
Adrián Barbón ha sido muy crítico con los partidos de la derecha y ha recordado que cuando encargó este informe, desde el PP, Vox y Foro afirmaron que «eso era hacerse trampas al solitario, que no iba a servir para nada». Sin embargo, ahora «están haciendo afirmaciones basadas en un informe de la Inspección de Servicios que hace un año criticaban».
Barbón también ha reafirmado que conoció el informe el pasado lunes porque «el procedimiento de investigación de la Inspección de Servicios tiene que ser autónomo e independiente», sin estar sometido a presión política por parte de la Presidencia del Principado.
«La manera de garantizar que no se contamine una inspección de servicios es dejar absoluta libertad y no acceder al informe hasta que tenga carácter definitivo», concluyó. En cuanto a las acusaciones del presidente del PP, Álvaro Queipo, quien aseguró que «todo apunta a que había un caos deliberado», Barbón le ha exigido que «acuda a la fiscalía» si tiene pruebas de ello.
«Si se dice simplemente por buscar un titular, me parece grave. Si se dice sin tener pruebas, me parece osado. Y si las tiene, lo que debe hacer es acudir a la fiscalía. Ya está tardando», finalizó Barbón.