El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su rechazo a que el archipiélago sea utilizado como espacio de detención y ha denunciado que ni el Estado español ni Bruselas escuchan la voz de los territorios fronterizos. Las imprecisiones y lagunas en la aplicación de la política migratoria europea fueron el centro del debate de expertos en una jornada organizada por Islas Responsables Lab (IRLab), que reunió a profesionales, ONG y entidades para discutir estas temáticas.
Clavijo alertó que la implementación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) podría generar mayor presión sobre las islas. Según sus palabras, este acuerdo “puede suponer un antes y un después en el proyecto y los principios de la Unión Europea, que corre el riesgo de involucionar y dar pasos hacia atrás”. En su opinión, este pacto no ha tenido en cuenta la opinión de las regiones fronterizas, como Canarias, donde “sí se pueden ubicar esos espacios de retención, esos agujeros negros de los derechos humanos”.
Esta reflexión se produjo en la jornada titulada ‘Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades’. El encuentro, celebrado en Casa África, reunió a expertos que señalaron que el Pacto, que entra en vigor el próximo 12 de junio, presenta imprecisiones y lagunas sobre su aplicación, particularmente en los territorios frontera como el archipiélago canario.
Clavijo destacó que el pacto abre “muchas incógnitas”, dado que el Reglamento de Triaje permite que los migrantes permanezcan en las islas hasta seis meses, cuando actualmente el plazo ronda un mes. Esta situación complica la gestión migratoria en un territorio ultraperiférico y fragmentado como Canarias, que ya enfrenta una alta presión migratoria.
Durante la inauguración, Clavijo lamentó que Bruselas no haya consultado con Canarias para la elaboración de este documento, lo mismo que el Gobierno de España en la planificación de los planes nacionales para aplicar el pacto. Consideró fundamental que la UE tome en cuenta las características de la Ruta Atlántica, que difiere considerablemente de las del Mediterráneo, destacando su alta mortalidad y la lejanía a la que llegan los migrantes en busca de construir sus sueños en Europa.
El presidente también mencionó la próxima visita a Canarias del papa León XIV, que coincide con la entrada en vigor del Pacto, esperando que su presencia ayude a difundir un mensaje de respeto a los derechos humanos y solidaridad con quienes buscan un futuro mejor.
Asimismo, Clavijo destacó el apoyo de ONG y entidades del tercer sector, agradeciendo su participación en la lucha en Bruselas para exigir que el Pacto incluya un acuerdo europeo para la distribución segura de los menores migrantes no acompañados, no solo entre las comunidades españolas, sino también entre los Estados miembros.
José Segura, director de Casa África, reconoció al Gobierno de Canarias por propiciar el debate sobre el Pacto Europeo de las Migraciones en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias tanto a nivel europeo como global. Afirmó que la aprobación del reglamento de retorno en el Parlamento europeo “plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la tutela judicial efectiva”.
Además, enfatizó que mientras algunos en Europa optan por el cierre y la externalización, “en España hemos decidido tomar un camino diferente”, que permitirá la regularización de muchas personas migrantes “que ya viven entre nosotros y cuyo acceso al mercado de trabajo y contribución a la economía formal impulsarán nuestro avance”.
Luis Padilla, director de Relaciones con África, insistió en que la cooperación es uno de los factores más importantes para promover el desarrollo social, económico y personal en los países emisores de migración. El Gobierno de Canarias desarrolla proyectos en países como Senegal o Mauritania, destinados a generar actividad económica y fijar la población al territorio. Proyectos como Tierra Firme aportan formación profesional en sectores como la construcción, la agricultura y el textil, ofreciendo oportunidades de empleo y un futuro a estas sociedades, lo que también contribuye a desincentivar que los jóvenes arriesguen sus vidas en la peligrosa Ruta Atlántica.
Amplio debate
La jornada ‘Canarias ante el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: impacto, desafíos y oportunidades’ se estructuró en dos paneles que abordaron aspectos fundamentales del nuevo acuerdo de los 27: ‘Del marco normativo a la gestión sobre el terreno: el Pacto en la frontera atlántica’ y ‘El nuevo Pacto: retos de derechos humanos en Canarias’. Entre los ponentes destacaron representantes de la Policía Nacional, Oxfam, CEAR, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), ACNUR y expertos en protección de la infancia.
En la primera sesión, José Antonio Ayuso, comisario jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Frontera de Las Palmas, relacionó los actuales procedimientos de triaje con los propuestos en el nuevo pacto europeo. Por su parte, la coordinadora de Protección de los Derechos de la Población Migrante de Oxfam, Sonia Díaz, subrayó los circuitos previstos para la resolución del triaje, los cuales incluyen un procedimiento fronterizo de asilo y uno de retorno para el resto de migrantes, destacando que se utilizarán los CATE existentes en Canarias. También advirtió sobre el riesgo de una posible decisión de derivación inversa que concentraría los centros de retorno en las Islas.
Respecto a las oportunidades del documento, Díaz mencionó la necesidad de garantizar traducciones e interpretaciones en todas las fases, lo que crearían potenciales rutas de empleo para los jóvenes que llegan a Canarias. Sin embargo, enfatizó que es esencial contar con dotación económica específica para llevar a cabo estos aspectos.
María Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR, centró su intervención en los procedimientos de protección internacional en frontera en Canarias, cuestionando la falta de adaptación del marco jurídico español al pacto. Este ajuste es vital para compatibilizar lo que establece el acuerdo europeo con la realidad del territorio español.
Derechos humanos
El segundo panel, titulado ‘El nuevo Pacto: retos de derechos humanos en Canarias’, contó con la participación de Marta García Cienfuegos, oficial de Protección de ACNUR, quien destacó los riesgos para quienes no acceden a los procesos de asilo y la aplicación del proceso de retorno. Manifestó que su organización carece de información sobre cómo España implementará el Pacto, subrayando que Canarias es “clave” en este proceso. Propuso establecer un proyecto piloto en las islas para garantizar la protección internacional a quienes tienen derecho a ella.
Patricia Fernández Vincens, abogada especializada en infancia y migraciones, se centró en las salvaguardas del Pacto, resaltando que este acuerdo, si se aplica adecuadamente, debe considerar un enfoque holístico en la delimitación de la edad, en contraste con el actual enfoque que solo considera la edad biológica.
Finalmente, María Trapet, jurista del Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE), analizó aspectos relacionados con la asistencia letrada a migrantes, la aplicabilidad del procedimiento de frontera, y los retos concernientes a la detención y restricción de la libertad de movimiento, así como los fondos y la solidaridad de la UE.