MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) – El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes una proposición de ley del PP que, entre otras medidas, propone agilizar los trámites de desarrollo urbanístico y permitir a empresas, bancos y fondos de inversión acudir a juicios rápidos para recuperar viviendas ‘okupadas’. Esta ley ya ha sido aprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y ahora la formación de Alberto Núñez Feijóo defenderá su admisión a trámite en el Congreso el mismo día en que el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros un plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros.
Aunque el texto comparte algunos aspectos que se incluían en la Ley del Suelo pactada entre el PSOE y el PNV, como eliminar la nulidad en cascada de un proyecto urbanístico por fallos aparentemente subsanables, la normativa del PP va más allá del ámbito urbanístico y llega incluso a derogar algunos puntos de la Ley de Vivienda de 2023, impulsada por PSOE y Unidas Podemos.
Se derogan las zonas tensionadas
En concreto, la propuesta pone fin a las zonas tensionadas y al índice de los precios de referencia de los alquileres, medidas recogidas en la Ley de Vivienda de 2023, al ser consideradas por el PP como «perjudiciales» para el mercado de la vivienda. Además, incluye una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que personas jurídicas, como empresas y bancos, puedan acceder a un juicio verbal que exija la «inmediata recuperación» de la plena posesión de una vivienda o parte de ella si han sido despojadas sin su consentimiento. Esto permitirá resolver litigios civiles de escasa cuantía de manera más ágil.
Actualmente, las personas jurídicas tienen vetada esta vía, salvo que sean entidades sin ánimo de lucro. También se reformará la Ley de Enjuiciamiento para reducir de dos a un mes el plazo máximo de posible suspensión del proceso de desahucio, con el objetivo de hacer efectivas las medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad propuestas por administraciones públicas, y reducir este plazo de cuatro a tres meses cuando se trate de una persona jurídica.
Una familia con 900 euros no se considerará vulnerable
Se rebañan los criterios económicos para la consideración de vulnerabilidad, estableciendo un nuevo umbral base de ingresos familiares que pasa de tres veces a 1,5 veces el Iprem. De esta forma, las unidades familiares con ingresos superiores a 900 euros mensuales (el Iprem actual está en 600 euros) dejarían de ser consideradas hogares vulnerables en asuntos de desahucios.
En el ámbito urbanístico, la propuesta establece que en las obras de nueva construcción, seguirá siendo necesaria una licencia; sin embargo, si transcurren tres meses sin resolución expresa por parte de la administración competente, se determinará silencio positivo, lo que permitirá proceder con la construcción incluso sin una resolución explícita. Este mismo principio se aplicará a edificios existentes que alteren su configuración arquitectónica.
Se necesitará licencia para obras con protección histórica
No obstante, el silencio será negativo para obras en edificaciones catalogadas con algún tipo de protección ambiental o histórico-artístico, así como para trabajos de carácter parcial que afecten a elementos de protección. La reforma también esclarecerá que la nulidad de un instrumento de ordenación territorial no anulará automáticamente actos de desarrollo que puedan ser subsanados.
Se suprime la referencia a los procedimientos de evaluación ambiental en la Ley del Suelo de 2015, considerándolo redundante con regulaciones específicas ya existentes. Asimismo, la propuesta planea la creación de una plataforma para mejorar la emisión de informes sectoriales, buscando establecer sistemas de interoperabilidad entre plataformas urbanísticas de diferentes administraciones para lograr una mejor coordinación.
El proyecto también establece límites a la acción pública para evitar que personas físicas o jurídicas impugnen instrumentos de planeamiento sin un interés colectivo real, buscando proteger la situación del mercado inmobiliario. Los plazos de impugnación indirecta se limitarán a cuatro años, y se modificará el periodo de posible suspensión de procesos de desahucio para garantizar medidas de protección de vulnerables propuestas por la administración.
Por último, la proposición incluye un apartado que reconoce a Ceuta y Melilla la capacidad de aprobar definitivamente sus instrumentos de ordenación urbanística, previo informe de la Administración General del Estado.