El juicio por la ‘Operación Almendro’, que afecta a ocho presuntos narcotraficantes detenidos en mayo de 2024 en Valladolid, Madrid y Zamora, ha visto cómo el fiscal ha mantenido la acusación contra todos ellos, aunque ha rebajado la petición de pena para el encausado confeso Enrique S., vecino de Morales (Zamora), quien ha aceptado seis años y un día de prisión.
VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)
Durante el juicio, el fiscal ha solicitado penas que suman casi 61 años de cárcel y multas por un total de 438.500 euros. La única reducción se ha dado para Enrique S., quien solicitó seis años y un día de prisión, así como una sanción económica de 16.500 euros, en lugar de los siete años y tres meses y 70.000 euros que enfrentaba inicialmente.
La acusación pública, tras dos días de juicio en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, argumentó que la evidencia presentada demuestra que los ocho acusados formaron un grupo criminal, cada uno desempeñando un papel específico en la adquisición y distribución de drogas en diversas localidades.
En este contexto, el fiscal señala a Javier M. (‘Mota’), residente de Madrid, como el «cabecilla» del grupo. Este fue identificado como el dueño del trastero donde se incautaron sustancias, principalmente cannabis y cocaína, valoradas en 3.665 euros. Por su parte, Tamara G., originaria de Valladolid pero usuaria de un trastero en Laguna de Duero, es considerada la “taxista” de la banda, en colaboración con la también vallisoletana Verónica C., así como otros cuatro vecinos de Madrid. En el chalé de Morales se hallaron casi 800 gramos de speed, valorados en 16.474 euros, supuestamente proporcionados por Tamara.
El fiscal ha mantenido las acusaciones por delitos contra la salud pública, agrupaciones criminales y tenencia ilícita de armas —no todos los acusados están imputados por los tres delitos—, pidiendo las penas más severas para José Ignacio S. y Tamara G., que incluyen diez años y tres meses de prisión y una multa de 70.000 euros, así como seis años y un día y 16.500 euros para Enrique S., una multa de 2.000 euros y cuatro años y tres meses de prisión para Verónica C.G., y condenas de ocho años y medio y multas de 70.000 euros para Jesús C.M., Javier M.D., Alberto G.A. y Kevin D.S.P. Las defensas, excepto la del acusado confeso, han solicitado un fallo absolutorio por falta de pruebas, también refiriéndose a la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y vigilancia del vehículo, considerados ilegales por estar basados en «meras sospechas».
Los acusados tomaron la palabra para declarar su inocencia. Tamara y Javier (‘Mota’) aseguraron que las sustancias encontradas eran para su usos personales, alegando ser toxicómanos.
PARA FUMARSE UNOS «PORROS»
En su declaración, Tamara explicó que usaba el trastero de Laguna para guardar objetos y fumar «porros» con amigos, además de afirmar que su supuesta función de «taxista» era debido a que ‘Mota’ no tenía licencia de conducir y ella se ofrecía a llevarlo a diferentes obras. También se desvinculó de la pistola táser encontrada en el trastero, indicando que no sabía de su existencia y que otras personas también tenían llaves del local.
Verónica, acusada de usar el trastero para vender droga, fue la única que asistió y respondió a todas las preguntas, rechazando cualquier incriminación al afirmar que no tenía la llave del lugar. «He estado en ese trastero acompañando siempre a mi amiga Tamara y lo único que he hecho allí es hablar con ella», concluyó.
LA DROGA, «MI DEMONIO»
Jesús C.M., también encausado, admitió conocer a ‘Mota’ y Alberto G. por haberles contratado para trabajos en su casa, pero negó estar involucrado en el narcotráfico. Sin embargo, reconoció su adicción a las drogas, explicando: «Esa drogadicción me ha dejado una minusvalía del 75% por la que recibo una pensión de 500 euros. Tengo antecedentes, pero son por robar y golpear a otros para conseguir drogas; esa es mi maldición», lamentó.
Finalmente, José Ignacio S.C. también se declaró inocente. Aclaró que conocía a ‘Mota’ y ‘Pocholo’ desde la infancia y recordó al tribunal que no había sido objeto de registro por parte de la policía y que no se le encontró ninguna sustancia durante la ‘Operación Almendro’.
La decisión sobre el destino de los ocho acusados está ahora en manos del tribunal sentenciador.