OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha registrado en la Junta General del Principado de Asturias una proposición no de ley que solicita al Gobierno asturiano que resuelva de manera inmediata todos los contratos que puedan existir «con empresas, que directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados».
Según ha afirmado Tomé en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, esta solicitud incluye a la farmacéutica Teva, con la que mantiene contratos el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).
Tomé ha acusado a Teva de ser «cómplice del genocidio en Palestina» y ha declarado que el Sespa ya ha destinado aproximadamente 2.000.000 euros en los últimos dos años a la compra de productos de esta empresa.
«No podemos permitir que ni un solo euro de dinero público se vaya a una empresa que sostiene y es cómplice de la masacre del pueblo palestino», ha asegurado la diputada.
Medidas solicitadas
La iniciativa registrada por Tomé solicita también implementar de manera inmediata medidas en la contratación que «eviten que empresas que, directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados puedan presentarse a las nuevas licitaciones».
Asimismo, pide al Gobierno asturiano que inste al Gobierno de España a tomar cuantas medidas sean necesarias para que no opten a la contratación pública empresas que realicen actividades comerciales o económicas, de manera directa o indirecta, en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, así como la rescisión de contratos con tales empresas.
Referencias a resoluciones internacionales
Tomé ha argumentado su posición con referencias a resoluciones internacionales que declaran ilegales los asentamientos israelíes, así como a la directiva europea sobre contratación pública, que permite considerar cuestiones de derechos humanos en procedimientos públicos. «La Corte Internacional de Justicia ha señalado que los estados que mantienen relaciones económicas con estos asentamientos son cómplices de su expansión», ha indicado.