Archivo – Fachada de la Tesorería General de la Seguridad Social – Ricardo Rubio – Archivo
MADRID, 9 abr. (EUROPA PRESS) – La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid, como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico.
Así se ha comunicado a los vecinos afectados por la venta de estas viviendas públicas en una comunicación oficial fechada el pasado día 30, consultada por Europa Press. En la misma se deniega la posibilidad de acogerse a la prórroga de alquiler de dos años aprobada en el Real Decreto 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual.
Una decisión que afecta a numerosas viviendas vacías situadas en el centro de Madrid, que proceden de la Sociedad Pública de Alquiler, creada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y liquidada en 2012.
La denegación de la prórroga por parte del Ministerio ha sido acogida con «sorpresa e incredulidad» por los afectados, dado que se trata de una medida aprobada por el propio Gobierno, pero que no se aplica en las viviendas cuyo propietario es público y estatal, como sucede en este caso. Así lo ha señalado el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Desde la organización han destacado que «no existe ningún impedimento legal» para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años, mientras se inicie «una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio».
Los inquilinos han denunciado en múltiples ocasiones que no se han reunido con ellos responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda para ofrecer explicaciones sobre la venta de las viviendas. Además, han ocupado la sede de la Tesorería en la calle Doctor Esquerdo para exigir una reunión y han interrumpido los actos de las subastas de viviendas, sin haber obtenido respuesta.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha manifestado que la falta de información «aumenta la opacidad de esta operación de privatización» y refuerza las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta de estas viviendas.
Además, subrayan que la ministra de Vivienda «insiste en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda», pero no ha ofrecido «n ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas», lo que representa una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda.
Asimismo, el sindicato ha calificado de «incoherente» que el Ministerio de Vivienda anuncie la compra de 600 viviendas a través de Casa 47, mientras la Tesorería de la Seguridad Social mantiene más de 800 viviendas vacías y pretende desahuciar inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares.
«Es importante recalcar que esta acción contraviene varios artículos de la Ley de Vivienda, específicamente el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas a mantener e incrementar el parque público de vivienda», ha advertido el sindicato.
Los vecinos, organizados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, han declarado estar listos para «dar la batalla» en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, «hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino».
Finalmente, desde el sindicato han denunciado la falta de transparencia en el proceso y aseguraron que no abandonarán sus viviendas, uniendo fuerzas bajo la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice sus hogares.