Las familias del CEIP Son Pisà de Palma han comenzado una huelga educativa para expresar su rechazo a la reincorporación de un profesor condenado por un caso de acoso a un alumno menor de edad, ocurrido en 2021.
La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Mallorca ha respaldado a cerca de 200 personas que asistieron a una reunión este miércoles en el centro para evaluar posibles acciones y solicitar más información sobre esta situación.
El portavoz de FAPA Mallorca, Miquel Àngel Guerrero, ha informado que un 40 % del alumnado no acudió a clase en el mismo día de la huelga, convocada de manera improvisada debido a la repentina reincorporación del docente.
Durante la reunión, tanto los representantes de las familias, quienes han seguido el caso desde hace dos años, como el equipo directivo, han proporcionado la máxima información posible.
De esta manera, los asistentes decidieron que, en la medida que lo consideren adecuado, continuarán con la huelga hasta que la Conselleria de Educación y Universidades ofrezca alguna alternativa o más información, ya que la Asociación de Padres y Madres (Apima) y la dirección del CEIP Son Pisà tienen una reunión solicitada.
Guerrero explicó que este jueves se ha convocado un consejo escolar extraordinario para abordar la situación, al que asistirá el inspector educativo de la zona, con el fin de responder a las inquietudes de los padres, quienes se encuentran «muy alterados».
La postura de la FAPA es que esta persona «no debería dar clases a niños». Además, han recordado que el mismo docente iba a reincorporarse al CEIP Maria Antònia Salvà al comienzo del curso, cuando la Conselleria exigió que pasara una inspección médica previa.
El docente finalmente solicitó una baja médica y la Consejería retiró este requisito. Guerrero criticó que, al no tener esta obligación, la reincorporación se puede realizar «como si nada».
Así, señaló que «no les convencen» las razones para anular esta exigencia, ya que, a su parecer, era «la única herramienta» para mantener al docente «alejado de las aulas», lo que habría provocado su solicitud de reincorporación.
Consultado sobre los motivos para la retirada de la exigencia, Guerrero sostuvo que la Conselleria alegó que, al estar de baja, ya no era necesaria. Sin embargo, afirmó que la inspección no se realizó para valorar su estado de salud, sino «la idoneidad para sus funciones».
Por otro lado, resaltó que el maestro presentó un contencioso contra esta decisión y que «pocos días después» se eliminó la exigencia, lo cual considera una coincidencia «muy difícil de explicar».
Educación alega que la sentencia no le inhabilita
Desde la Conselleria de Educación y Universidades han indicado que el docente está cubriendo una plaza de interino en el centro desde hace unos días por una baja y que la ley le «ampara», por lo que «no se puede hacer nada», dado que en la sentencia no se le ha inhabilitado.
Aún así, han recordado que en el Parlament se ha impulsado una modificación legislativa de la ley estatal para la protección de la infancia, con el fin de evitar que casos como este permitan a los docentes dar clases.