SAN SEBASTIÁN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) – La Inspección de Trabajo del País Vasco detectó en 2025 incumplimientos en el 42 % de las actuaciones sobre la tutela de los derechos de representantes de las personas trabajadoras – delegados de personal, miembros del comité de empresa y delegados sindicales.
El pasado año, se realizaron un total de 234 actuaciones en este ámbito, detectándose 13 infracciones y, en 85 casos, se realizaron requerimientos al haberse detectado algún tipo de irregularidad. Este porcentaje es muy superior a la tasa general de incumplimientos que detecta la Inspección, que se sitúa en el 10 %.
La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, dio a conocer estos datos en la inauguración de la jornada ‘Participación de las personas trabajadoras en la empresa’, organizada por la Universidad del País Vasco (EHU) el pasado lunes en San Sebastián.
En su intervención, advirtió que estos datos evidencian que «los derechos de información y consulta, pilares básicos de la participación laboral, siguen siendo una de las obligaciones más incumplidas por las empresas vascas». Además, subrayó que, en la práctica, estos derechos «suelen tener un carácter no vinculante que limita su impacto real en la toma de decisiones estratégicas».
Pérez Barredo recordó que la participación de las personas trabajadoras en la empresa tiene «un fundamento constitucional claro», recogido en el artículo 129.2 de la Constitución Española, aunque su desarrollo normativo ha sido «limitado y poco ambicioso» en comparación con los modelos de los países del centro y norte de Europa.
En este sentido, destacó que, a diferencia de Alemania, Francia o los países nórdicos, en España no existe un reconocimiento generalizado de la presencia de representantes de las personas trabajadoras en los consejos de administración de las sociedades mercantiles.
La viceconsejera afirmó que, pese al «importante crecimiento del PIB, la mejora del empleo y los altos niveles de afiliación a la Seguridad Social», la sociedad se enfrenta a una «policrisis estructural» de alcance global, caracterizada por el «aumento de la desigualdad económica, la precariedad laboral, la crisis climática, la concentración empresarial y el debilitamiento de la soberanía económica y territorial».
Democratizar la empresa
En este contexto, Pérez Barredo defendió que «democratizar» la empresa «no es solo una exigencia constitucional, sino una condición necesaria para avanzar hacia un modelo económico más justo, productivo, resiliente y sostenible».
Asimismo, indicó que «ampliar la voz y la participación real» de quienes trabajan en la gestión, los resultados y el capital de las empresas puede actuar como «una estrategia predistributiva clave para reforzar la cohesión social, la calidad democrática y la transición ecológica en España y en Europa».
La viceconsejera también apuntó la necesidad de impulsar una estrategia adaptada a la realidad del tejido productivo vasco, caracterizado por el peso de las pymes y una escasa cultura participativa. «No basta con copiar modelos extranjeros, se requiere un enfoque gradual y adaptado», defendió.
Por ello, propuso desarrollar normativamente la figura de la sociedad participada, introducir incentivos públicos y aplicar una política fiscal «valiente». «Avanzar en participación -si se hace de forma gradual, evaluada y adaptada- puede mejorar la motivación, la confianza y la competitividad, pero requiere voluntad política, incentivos claros y un cambio cultural profundo en la empresa», concluyó.