La Comunidad de Madrid está en las etapas finales de elaboración de un nuevo decreto que establecerá una fecha de caducidad para las leyes autonómicas de carácter organizativo. Además, se introducirá la obligatoriedad de evaluar el resto de normas cada cuatro años para verificar su eficacia. El Ejecutivo regional avanza en su tramitación tras recibir un informe favorable de la Abogacía General, que fue presentado hoy ante el Consejo de Gobierno. En breve, se solicitará el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora sobre este futuro texto, cuya aprobación está prevista para el segundo semestre de este año.
Marco Jurídico Actualizado
Este decreto permitirá a los madrileños contar con un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades, y que ofrezca una mayor seguridad jurídica. En concreto, se referirá a las normas que regulan el funcionamiento interno de una Administración o entidad pública, incluyendo sus estructuras, competencias, órganos, procedimientos y servicios. Entre estas normas se incluyen, por ejemplo, aquellas que fijan la actividad de un órgano colegiado o el decreto que establece el régimen de la Mesa de Diálogo Social.
La iniciativa también establece la obligación de llevar a cabo al menos una evaluación ex post de cada normativa antes de que transcurran cuatro años desde su entrada en vigor. Esto se aplicará salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan un plazo diferente. Así, se podrá verificar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos o si es necesario ajustarlas al contexto actual.
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá presentar, en un plazo de un año desde la implementación del decreto, una propuesta para revisar los procedimientos administrativos. Esta revisión tendrá como objetivo priorizar, en beneficio de los ciudadanos, el silencio positivo en caso de que no se produzca una resolución expresa dentro del plazo establecido.
Compromiso con la Eficacia Administrativa
Esta iniciativa responde al compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de avanzar hacia una Administración más eficiente y centrada en el ciudadano. La medida, que se incluía en el programa electoral de 2023, fue anunciada por la jefa del Ejecutivo autonómico durante el último Debate sobre el Estado de la Región.
Fase de Consulta Pública
El procedimiento de evaluación de la normativa incluirá una fase de consulta pública para promover la participación de los ciudadanos y las empresas, concluyendo con un informe elaborado por la consejería competente. Los criterios restantes se establecerán en la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa.
Asimismo, se establecerá la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo, exceptuando los decretos de estructura orgánica, así como de aquellas que regulen la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados. Esta caducidad se aplicará cinco años después de su entrada en vigor, a menos que la evaluación ex post determine que es necesario mantenerlas.
Más Eficiencia en la Tramitación
La iniciativa también incorpora un procedimiento abreviado para ciertas leyes que, por su simplicidad, lo permitan, siempre y cuando hayan superado todos los controles y consultas necesarios. Este mecanismo será equivalente, en el ámbito de la Administración, a la tramitación en la Asamblea de proyectos y proposiciones de ley en lectura única, lo que permitirá una reducción significativa en los plazos de gestión.
Con esta medidas, la Comunidad de Madrid da un paso decisivo hacia la reducción del exceso de regulación, buscando impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida de los ciudadanos. El objetivo principal es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para las empresas e inversores.