GUADALAJARA, 15 sep. (EUROPA PRESS) – La guadalajareña María Elena Mayor Rodrigo, de 60 años de edad, ha jurado este lunes el cargo como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Este nombramiento le otorga una alta responsabilidad, ya que la violencia de género y las agresiones sexuales son prioridades en su agenda. La presidenta ha denunciado el «elevado» número de casos y la situación «alarmante» que se registra desde hace tiempo en la provincia.
En sus declaraciones a los medios antes de asumir el cargo, Mayor ha afirmado: «No sé si sois conscientes de que en Guadalajara hay mucha violencia de género y muchas agresiones sexuales». Hasta ahora, había estado desempeñando este puesto en funciones tras la renuncia de su predecesora, Isabel Serrano, por cambio de destino.
Acompañada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, la nueva presidenta también ha reconocido que, aunque hay una mayor cantidad de casos de violencia de género y agresiones, es cierto que hoy se denuncian más que antes. «Eso es lo que hay que hacer», subrayó.
Cada mes, la Audiencia Provincial recibe una media de dos agresiones sexuales, lo cual representa uno de los retos de Mayor: seguir luchando de forma coordinada para mejorar las estadísticas, defender la independencia judicial y lograr una implantación más eficaz de los tribunales de instancia en la provincia. Addicionalmente, ha anunciado que Guadalajara será pionera en Castilla-La Mancha con una experiencia piloto en este ámbito.
La presidenta también ha indicado que haría falta al menos un juzgado más de violencia de género. Aunque en octubre comenzará a funcionar uno, este tendrá competencias sobre las agresiones sexuales de toda la provincia, que incluye localidades como Molina de Aragón y Sigüenza. También ha demandado más recursos en materia social y contenciosa.
Compromiso con una justicia accesible
Otro de los principios generales que guiarán su gestión es el de impulsar una justicia «mucho más ágil, rápida y accesible». Su meta es que los ciudadanos conozcan cómo se lleva a cabo el trabajo judicial y que exista una mayor transparencia en su gestión.
30 años de experiencia
Mayor Rodríguez ha recibido con emoción esta nueva responsabilidad, la cual llega tras 30 años en el ejercicio de su profesión, de los cuales 20 ha trabajado en Guadalajara. En sus inicios, atendía a las personas en el Registro Civil, siendo testigo de las dificultades que enfrentan muchas de ellas al buscar justicia.
Originaria de Ruguilla, en Guadalajara, se siente orgullosa de poder impartir justicia en su provincia. Asegura que, lejos de resultarle un obstáculo, esto le brinda una mejor comprensión de la realidad local, ya que «conoces la naturaleza de las personas, somos trabajadores y castizos», ha subrayado.
Con una actitud positiva, Mayor espera poder desempeñar su labor de manera ejemplar, brindando una imagen positiva del sistema judicial. No obstante, ha reconocido que hay carencias tanto personales como materiales, y ha afirmado que es necesario solicitar lo que haga falta a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La necesidad de más jueces
La toma de posesión se llevó a cabo en el Salón de Actos del Complejo San José de la capital, donde también estuvo presente María Pilar Astray Chacón, quien remarcó la urgente necesidad de más jueces en Castilla-La Mancha.
“La presidencia está bien servida, pero nos faltan jueces en muchos sitios”, señaló, añadiendo que aunque se crearán nuevas plazas, el número total sigue siendo insuficiente. Astray Chacón exigió la creación de un quinto magistrado en la Audiencia Provincial de Guadalajara, argumentando que el volumen de trabajo en esta sala es significativo y no ha sido suficientemente considerado en las inspecciones.
Finalmente, resaltó las cualidades de la nueva presidenta, valorando su «experiencia acreditada, alta capacidad de gestión, serenidad y tranquilidad» necesarias para afrontar los retos que se presentan. También agradeció su «valentía» al asumir esta responsabilidad, que implica un gran desafío junto a la carga laboral del tribunal.