MÉRIDA, 17 sep. (EUROPA PRESS) – Unidas por Extremadura mantiene su queja al Defensor del Pueblo por la situación vivida en el transporte escolar desde el inicio de este curso educativo, pese al restablecimiento ya del servicio, debido a que a su juicio se ha «vulnerado» el derecho a la educación en la comunidad de 5.000 escolares.
Reacciones en la Asamblea
Este miércoles en Mérida, la portavoz de la coalición, Irene de Miguel, ha confiado en que la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, comparezca en la Asamblea para dar explicaciones de lo ocurrido y que, además, «por coherencia» dimita.
La situación actual del transporte escolar
Irene de Miguel ha expresado: «Esto es insólito, inaudito y no puede volver a repetirse; nosotros lo vamos a llevar al Defensor del Pueblo estatal porque el defensor del Pueblo extremeño no existe porque PP y PSOE no quieren. Vamos a ver qué nos dice el Defensor del Pueblo, pero estamos convencidas de que se ha vulnerado el derecho a la educación». También ha sugerido que la relevancia de lo ocurrido podría justificar un debate monográfico en la Asamblea.
Responsabilidad de la presidenta de la Junta
La portavoz ha hecho responsable de la situación a la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien, según su opinión, debería haber cesado a la consejera «el día uno» del curso en el que los alumnos se encontraron sin transporte escolar. «Tiene toda la responsabilidad», ha incidido sobre la jefa del Ejecutivo autonómico.
Críticas a la gestión del Ejecutivo
Irene de Miguel ha señalado además que «Guardiola ha estado escondida», manifestando que ha pasado seis días sin ser vista por ningún lugar. A su juicio, la presidenta de la Junta debería ofrecer «explicaciones» sobre la «crisis del transporte que no han sabido atajar a tiempo».
La portavoz ha considerado que «lo que ha evidenciado la crisis del transporte escolar no es solo ya la falta de planificación, sino la incompetencia manifiesta de este Gobierno», y ha calificado de «inadmisible» e «intolerable» lo que han sufrido las familias extremeñas, debido a que el Ejecutivo autonómico «ha antepuesto los intereses económicos al derecho constitucional a la educación de los escolares».
Acuerdo reciente que no satisface
Asimismo, ha valorado el acuerdo alcanzado entre la Junta y las empresas para restablecer el servicio de transporte escolar, remarcando que «es el mismo acuerdo que tenían encima de la mesa hace cinco días». Según Irene de Miguel, el Ejecutivo de María Guardiola «se ha bajado finalmente de la burra y ha aceptado lo que las empresas del transporte decían hace cinco días, ni más ni menos».
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