TOLEDO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) – El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que permite a las familias de Castilla-La Mancha acceder a apoyo público para contratar a personas que cuiden de sus hijos e hijas menores de 14 años o de familiares en situación de dependencia.
Según ha declarado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, el objetivo principal de esta medida es facilitar que las familias puedan compaginar trabajo, crianza y cuidados, evitando que tengan que hacer malabares para atender todas sus responsabilidades.
«Sabemos que, sin apoyo, la conciliación no es real y se hace cuesta arriba», ha señalado Padilla, quien ha indicado que el Gobierno regional ha dotado este decreto con un presupuesto de un millón de euros. Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del salario mínimo interprofesional, dependiendo del nivel de renta de cada familia.
La consejera ha destacado la «doble o incluso triple utilidad» de esta iniciativa. En primer lugar, mejora la conciliación y permite a las familias «organizar mejor su vida». Además, actúa como una «palanca» de igualdad, ya que la carga de los cuidados recae mayoritariamente en las mujeres, contribuyendo a que no tengan que renunciar a sus empleos ni reducir su jornada laboral.
Por otra parte, Padilla ha enfatizado que las ayudas están vinculadas a la contratación de personas desempleadas que estén registradas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social. Esto refuerza el «trabajo con derechos» en el ámbito de los cuidados, y ayuda a avanzar en la regularización de un sector que con frecuencia permanece en la economía sumergida.
Contratos estables
El esquema de ayudas, que gestionará un millón de euros de presupuesto, se implementará a lo largo de tres años para asegurar su continuidad. Durante el primer año, la cobertura puede llegar al 100% del salario mínimo; en el segundo, al 75%; y en el tercero, al 50%, siempre ajustándose a los ingresos familiares. Este enfoque facilitará tanto el inicio como la consolidación del contrato, ha puntualizado la portavoz.
La medida también incorpora un componente social, priorizando a las familias con menos recursos y aumentando la cuantía hasta el 80% en el tramo de renta más alto en casos de hogares monoparentales, que en la mayoría de los casos están encabezados por mujeres.
«Contar con ayuda en casa no debería ser un privilegio», ha subrayado Padilla, argumentando que el acceso a estos recursos no debería depender del nivel de ingresos, sino de las necesidades reales de cada hogar.
Este decreto se integra en una estrategia de acción más amplia, que incluye otras medidas en marcha como incentivos a la contratación, el fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia, deducciones fiscales para las familias, ampliación de la red de escuelas infantiles y el Plan Corresponsables, ha concluido la consejera.