Santiago de Compostela, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado que su formación registrará este mes de abril en el Parlamento gallego una proposición de ley con el objetivo de «blindar la función social de la vivienda» y limitar el número de inmuebles destinados a uso turístico.
Este anuncio se realizó durante la apertura de la jornada ‘A vivenda en Galiza. Retos e solucións’, organizada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para analizar propuestas y alternativas en el ámbito de la vivienda. En este evento participaron expertos en la materia, como la directora general de Vivienda de Nafarroa, Elga Molina, y los profesores de la USC, Andrés Quintiá y María José Piñeira, así como la abogada y asesora de Agrelar Consultora, Mariola Pazos.
Pontón detalló que, entre las medidas recogidas en la propuesta legislativa, se establece un límite al número de viviendas de uso turístico (VUT) que pueden existir en Galicia, considerando el impacto por zonas. Además, se incluirá la exigencia de una licencia previa para las VUT, que tendría una duración de cinco años prorrogables. Esta medida es crucial, según Pontón, ya que la Xunta dispone de un registro con numerosas viviendas ilegales que no cumplen con la normativa vigente. «Creemos que hay que acabar con ese coladero y que esas viviendas de uso turístico tengan que cumplir la ley para poder salir al mercado», afirmó.
La proposición del BNG también incluye la elaboración de un mapa que examine la distribución de las VUT en el país y analice quiénes son los propietarios de estas viviendas, tanto personas físicas como jurídicas, así como la gestión que se realiza y el impacto de las concentraciones de VUT en el derecho a una vivienda habitual.
Pontón argumentó que «el Gobierno debe utilizar la capacidad legislativa que tiene para garantizar el derecho a una vivienda», especialmente regulando la VUT, que actualmente está afectando la disponibilidad de viviendas destinadas al alquiler. Además, destacó la necesidad de «impulsar medidas legislativas valientes y de calado» que protejan este derecho.
Desde su perspectiva, la líder nacionalista propuso que la Xunta establezca zonas donde se regulen los precios del alquiler, lo que le permitiría controlar los importantes incrementos que se están registrando en este momento. Asimismo, abogó por una protección permanente de toda la vivienda protegida, indicando que existen viviendas protegidas que, a pesar de no estar edificadas en suelo público, reciben recursos públicos y que, en 15 años, podrían venderse a precios inalcanzables en el mercado libre. «Toda la vivienda protegida tiene que tener protección permanente», enfatizó.
Por último, la portavoz del BNG también anunció un paquete de cambios normativos destinados a promover cooperativas de vivienda en cesión de uso y el derecho de superficie.
VIVIENDAS VACÍAS
Además de abordar el ámbito legislativo, el BNG considera necesario actuar en la movilización de la vivienda vacía en régimen de alquiler. Esto se lograría mediante la combinación de distintos instrumentos que incentiven que una parte de estas viviendas, especialmente en las zonas de mayor demanda, pueda ingresar al mercado a precios accesibles.
Pontón señaló que la movilización de vivienda vacía tendría un impacto significativo, especialmente teniendo en cuenta que Galicia es la segunda comunidad autónoma del Estado con más vivienda vacía, con cerca de 90.000 inmuebles en esta situación solo en las grandes ciudades.
La tercera línea de actuación del BNG se centra en multiplicar el parque de vivienda pública mediante la construcción de nuevas viviendas y la compra y rehabilitación de algunas de las ya existentes, inicialmente enfocándose en adquirir toda la vivienda protegida que se ponga a la venta.
La portavoz nacional criticó que, en los últimos años, se vendieron en el país 7.000 viviendas protegidas sin que la Xunta comprara ni una, a pesar de tener derecho de compra preferente. También advirtió que en los próximos cinco años caducará la cualificación permanente de vivienda protegida para otras 14.000 inmuebles. «Reclamamos que la Xunta compre todas esas viviendas para destinarlas a alquiler a precios asequibles», concluyó.
Por último, Pontón reiteró la necesidad de implementar un programa de compra de vivienda ya construida para destinarla al alquiler social y asequible, sugiriendo que, en los próximos cinco años, se podrían adquirir 4.000 viviendas a través de fondos extraordinarios disponibles. «Lo único que falta es la voluntad de la Xunta para que esto sea una prioridad», sentenció.
Pontón defendió las propuestas del BNG ante un Gobierno del PP que ha demostrado ser «incapaz» de ofrecer una solución al creciente problema de la vivienda, el cual se está convirtiendo en un factor de exclusión social y desigualdad.