Operativo de la Guardia Civil de precinto y paralización de nueve construcciones ilegales en Telde (Gran Canaria)
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha precintado y paralizado el 16 de abril nueve construcciones ilegales en el paraje conocido como Lomo Catela, en el término municipal de Telde (Gran Canaria).
Los agentes desarrollaron el operativo mencionado en compañía de personal del Juzgado de Instrucción de Telde y, en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial competente, se procedió al precinto y paralización de nueve obras ilegales, así como al corte del suministro de agua que abastecía a estas construcciones, las cuales se ubicaban dentro de una urbanización no autorizada.
Esta intervención se enmarca en el dispositivo que el Seprona de Las Palmas mantiene activo frente a la proliferación de construcciones ilegales en suelos protegidos. En el desarrollo de estas actuaciones, los agentes han constatado cómo este tipo de asentamientos irregulares se extiende sobre terrenos donde el uso residencial y recreativo está prohibido, generando un «grave impacto» sobre el entorno y una «ocupación ilícita» del territorio.
La Guardia Civil ha detectado en el transcurso de la investigación un patrón delictivo consolidado donde los implicados adquirían fincas rústicas sujetas a especial protección medioambiental y luego las fragmentaban para comercializarlas de manera irregular a través de contratos privados. Este proceso implicaba la asignación de parcelas perfectamente delimitadas, o subparcelas, a diferentes compradores, generando un importante beneficio económico.
Los promotores, además de la venta de los terrenos, impulsaban activamente la transformación del suelo, facilitando la urbanización ilegal mediante la instalación de servicios básicos, la delimitación de parcelas con cerramientos y la gestión de suministros como el agua. Estas acciones culminaban con la construcción de edificaciones de uso residencial sin ningún tipo de licencia, ya que se trataban de intervenciones no autorizables conforme a la normativa vigente.
Las consecuencias de estos hechos no solo implican la comisión de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, sino que también suponen un «deterioro significativo» del medio natural, con daños en «muchos casos irreversibles» sobre el suelo y una pérdida sustancial de espacios protegidos, suelo agrícola y biodiversidad en un ecosistema especialmente sensible como el canario.
Por ello, la Guardia Civil ha intensificado la presión operativa a través de servicios específicos de vigilancia, control e investigación, lo que ha permitido culminar la actuación con la ejecución de medidas cautelares acordadas por el Juzgado de Instrucción de Telde, materializadas en el precinto y paralización de las obras, así como en el corte efectivo del suministro de agua.