SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) – El consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), ha informado este viernes que una de las tres viviendas destinadas a alquiler asequible construidas por la sociedad pública Gesvicán en la localidad de Orejo, en el municipio de Marina de Cudeyo, ha sido ocupada ilegalmente en la tarde de este jueves.
Media ha anunciado que el Ejecutivo ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Pedreña para que se inicie el proceso de desalojo, que «desgraciadamente tardará mucho más tiempo del que nos gustaría», ha vaticinado.
El consejero ha emplazado al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), «que es el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», a que «haga algo» y actúe «de una forma rápida y urgente» para proceder al desalojo una vez presentada la denuncia.
En declaraciones a los medios, Media ha explicado que «nada más conocer esta situación» se puso en contacto con el alcalde, el socialista Pedro Pérez Ferradas, y el delegado del Gobierno para que tomasen medidas a través de la Policía Local y Guardia Civil y desalojasen «inmediatamente a esas personas». Lamentó que la respuesta de ambos «fue absolutamente decepcionante».
El consejero ha relatado que el regidor le aseguró que «no puede hacer nada con su Policía Local» y Casares apuntó que la Guardia Civil «tampoco puede echarlos porque no saben cuándo entraron y si existe delito flagrante, que es lo que dice la Ley».
Crítica a la Ley de Vivienda
«Es absolutamente lamentable y este es el resultado de la actual Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno de los socialistas y del señor Sánchez en 2023», ha aseverado Media, quien ha solicitado la derogación de la ley estatal. «Necesitamos cambiar esta ley, necesitamos poner pie en pared y necesitamos hacer cumplir lo que dice el sentido común», ha añadido. «La propiedad privada es sagrada, también la del Gobierno de Cantabria».
Media ha recalcado que la Ley, «hoy por hoy y como está, protege al delincuente, al ‘okupa’, y deja absolutamente abandonado al propietario que en este caso es el Gobierno de Cantabria», exponiendo que ahora las personas que se habían apuntado para recibir estas tres viviendas, actuando «de buena fe», se van a quedar en la calle porque «una se ha ocupado y no podemos hacer nada para echarles».
El consejero, también titular de Fomento, ha señalado que las viviendas de Orejo, con una inversión autonómica de 265.000 euros, están completamente terminadas y se iban a sortear en las próximas semanas para ponerlas a disposición de «aquella gente que las ha solicitado y las necesita». Un total de 95 personas se habían apuntado a dicho sorteo.
Otras Denuncias y Contratación de Seguridad
Media ha insistido en que esta situación de ‘okupación’ «no es nueva» y proviene de la Ley de Vivienda estatal «diseñada por el PSOE y sus socios de extrema izquierda», y que Casares «defiende un día sí y otro también».
El Gobierno ha presentado desde 2021 siete denuncias ante la Guardia Civil de Santoña porque tiene ocho viviendas ocupadas con sentencia de derribo en Argonos, y ha sido «incapaz» de desalojar «por culpa» de la actual Ley. «La realidad es que hoy, en el 2026, siguen estando (los ‘okupas’) en esas casas que la justicia nos obligó a quitar a sus legítimos dueños», ha lamentado el consejero.
Además, Media ha recalcado que ha habido más intentos de ‘okupación’ en viviendas propiedad del Ejecutivo, como en Liencres o Arnuero. Esto ha obligado al Gobierno a contratar un servicio de vigilancia y seguridad, destacando que «ya hemos pagado del dinero de todos los cántabros 250.000 euros para prestar ese servicio de seguridad en Arnuero».
Media se ha preguntado: «¿Qué va a hacer el Gobierno de Cantabria? ¿Poner un guardia jurado en cada vivienda que construya? ¿Eso es lo que pretende el PSOE?» Al finalizar, ha deseado que Casares tome medidas respecto a la ‘okupación’ y la ‘inquiokupación’, «el mayor problema que lastra el desarrollo de las políticas de vivienda de cualquier gobierno, también del de Cantabria».