EIVISSA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – Un despacho de abogados ha logrado reducir hasta un 88 % una sanción por alquiler turístico sin licencia interpuesta en Eivissa. Según informaron los letrados del despacho Soriano i Piqueras en un comunicado, la multa ha sido rebajada a 33.000 euros mediante un acuerdo administrativo que incorpora la vivienda al programa público ‘Alquiler seguro’ durante cinco años.
La sanción inicial era de 275.000 euros, impuesta por el Consell a la propietaria de una vivienda en Sant Antoni destinada a alquiler turístico a través de la plataforma Airbnb, sin contar con la licencia correspondiente. La reducción de la sanción, que finalmente ha quedado fijada en 33.000 euros, se ha logrado mediante la intervención administrativa, sin necesidad de acudir a los tribunales. Este caso supone, además, la primera aplicación en Eivissa del nuevo mecanismo que permite reducir hasta un 80 % las sanciones en materia turística cuando el inmueble se destina posteriormente a uso social.
En este supuesto, los letrados negociaron con la administración para que la vivienda se incorporara al programa ‘Alquiler seguro’ del Govern. A través de este programa, los propietarios alquilarán la vivienda durante un periodo de cinco años a un precio fijado por el Ejecutivo autonómico, con garantía de cobro del alquiler. A cambio, el Consell aplicará la máxima reducción prevista en la normativa para este tipo de sanciones.
Además de esta rebaja, se suma un descuento adicional del 40 % estipulado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, por el reconocimiento de los hechos, la renuncia a la interposición de recursos y el pronto pago de la sanción.
Los letrados señalaron que «este caso demuestra que muchos expedientes sancionadores pueden resolverse de forma eficaz en la fase administrativa si se conoce bien la normativa y se exploran todas las vías legales disponibles».
Asimismo, destacaron que la resolución también marca un precedente relevante en Eivissa. «Se trata del primer caso en la Isla en el que se aplica este mecanismo de reducción vinculado al uso social de la vivienda, lo que abre una vía interesante para otros propietarios que se encuentren en situaciones similares», afirmaron.